Polémica por impuesto a los giros electrónicos
Resumen
El Ministerio de Hacienda propone aplicar una retención del 1,5 % a pagos por plataformas digitales como Bre-B y Nequi, lo que podría afectar a los pequeños negocios y frenar la inclusión financiera al hacer que las transacciones sean costosas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Cuando alguien llega a la tienda del barrio con el celular en la mano y escucha el clásico “por menos de diez mil no recibo tarjeta”, está frente a una de las razones que motivaron el nacimiento de Bre-B, Nequi u otras alternativas de pagos digitales.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Economía / EL FRENTE
La idea detrás del proyecto es simple: que cualquier colombiano, incluso sin cuenta bancaria, pueda transferir dinero de forma gratuita, inmediata y segura, como si estuviera entregando un billete. En otras palabras, un “Nequi público”, diseñado para eliminar las barreras del efectivo y promover la inclusión financiera.
Pero apenas tres meses después de su lanzamiento, el futuro de Bre-B y otras plataformas de giros electrónicos podría complicarse. Un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda propone aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a todas las operaciones realizadas a través de Bre-B, Nequi, DaviPlata, PSE y otras billeteras digitales.
Si la norma entra en vigor, como se prevé este viernes 25 de octubre, las transacciones que hoy son gratuitas podrían terminar costando más que el impuesto del 4×1000, una medida que durante años ha sido símbolo de rechazo entre los pequeños negocios.
El decreto que amenaza la gratuidad
El documento, sustentado por la DIAN y firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, modifica los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Decreto 1625 de 2016 para “eliminar el tratamiento diferente” entre pagos electrónicos y los realizados con tarjetas.
En la práctica, esto significa que todas las operaciones digitales —sin importar el monto— tendrían la misma retención del 1,5 %, incluso las hechas por medio de Bre-B, Nequi o Daviplata.
El texto argumenta que la medida busca “evitar el arbitraje entre productos financieros” y “reconocer un trato similar entre los que ofrecen plena trazabilidad transaccional”.
Cuando el pago incluya impuestos o propinas, estos se restarán de la base de retención. Los adquirentes y agregadores, es decir, las empresas que procesan los pagos, serán responsables de aplicar y reportar la retención. Los pagos a personas naturales no responsables del IVA estarán exentos.
Aunque el documento sostiene que la medida “no tiene impacto económico ni requiere recursos adicionales”, expertos consultados aseguran que el costo real lo asumirán los micronegocios, las tiendas de barrio y los pequeños emprendedores.
Frenaría la inclusión financiera
Para Francisco Gnecco, consultor en tecnología financiera, la retención del 1,5 % “puede parecer mínima, pero tiene un efecto multiplicador”. Explica que en un negocio con márgenes del 4 % o 5 %, el descuento podría reducir a la mitad las utilidades.
“Estamos hablando de panaderías, tiendas, peluquerías o ventas ambulantes que trabajan con márgenes mínimos. Si cada transacción digital les cuesta 1,5 %, volverán al efectivo. Y eso es justo lo contrario a lo que busca el Gobierno”, asegura.
Otros analistas ven la medida como un intento del Ministerio de aumentar la liquidez fiscal. Las retenciones, recuerdan, funcionan como adelantos de impuestos, incluso para personas que no están obligadas a declarar renta.
“En la práctica, esa plata queda congelada en la DIAN, convertida en saldos a favor que nadie recupera. Es un golpe silencioso al pequeño comerciante”, señala Baudo Pineda, CEO de la plataforma de pagos Refácil.
