Patricia Celis mantiene su aspiración Cámara tras férrea defensa ante el CNE

A pocos días de las elecciones legislativas, la candidatura de Leonor Patricia Celis, aspirante a la Cámara de Representantes por Santander por el Centro Democrático, superó uno de los episodios jurídicos más tensos de su campaña. Un proceso ante el Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) buscó la nulidad de su inscripción, alegando una supuesta inhabilidad derivada de un contrato firmado con la Gobernación de Santander el año anterior.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La controversia no solo puso en riesgo su participación electoral, sino que terminó convirtiéndose en un episodio singular dentro de la contienda política pues la misma candidata decidió asumir personalmente su defensa jurídica, redactando los argumentos y sustentos legales que finalmente permitieron que su candidatura se mantuviera en firme.

De acuerdo con lo que narró la candidata durante una entrevista con EL FRENTE, el proceso se originó a partir de una solicitud presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por abogados que cuestionaban la legalidad de su inscripción como candidata al Congreso.

“La solicitud fue presentada a partir de un documento que inicialmente apareció como anónimo, aunque en el expediente se evidenciaba que provenía de un correo electrónico redactado con lenguaje jurídico. La petición planteaba que yo podría estar incursa en una inhabilidad electoral debido a un contrato que celebré con la Gobernación de Santander durante el año anterior a las elecciones”, indicó la candidata uribista, quien explicó que el punto central del debate jurídico giró en torno a la fecha en que se firmó dicho contrato pues según la legislación electoral colombiana, los contratistas del Estado pueden quedar inhabilitados para aspirar a cargos de elección popular si celebran contratos dentro de los seis meses anteriores a la elección.

Sin embargo, Celis argumentó que el contrato en cuestión fue firmado el 3 de junio, es decir, varios meses antes del período que establece la Constitución para configurar una inhabilidad.

De acuerdo con su explicación, el periodo relevante para determinar la inhabilidad en las elecciones legislativas comprendía entre el 8 de septiembre y el 8 de marzo, por lo que el contrato firmado en junio quedaba por fuera de ese margen temporal.

“Yo misma redacté mi defensa. Soy especialista en derecho administrativo”, señaló, Celis enfatizando en que afiló uñas y colmillos para defender con fiereza su postulación. Por ejemplo, el escrito de defensa incluyó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, entidad que ha emitido interpretaciones sobre las inhabilidades de los contratistas del Estado en procesos electorales.

“El argumento central se basó en la interpretación estricta de las normas que establecen las inhabilidades, un principio jurídico ampliamente reconocido en el derecho electoral colombiano. Según esta interpretación, la ley se refiere específicamente al momento de la celebración del contrato y no a su ejecución posterior. La norma habla de la celebración del contrato, no de la ejecución, que es otra etapa. Las inhabilidades son restrictivas y taxativas; su interpretación debe ser muy concreta”, explicó Celis.

La candidata citó además ejemplos recogidos en conceptos administrativos donde se explica que incluso contratos firmados días antes del inicio del período de inhabilidad no afectan la posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular.

La solicitud de nulidad fue analizada junto con decenas de procesos similares presentados en diferentes regiones del país. Durante la audiencia correspondiente, el Consejo Nacional Electoral evaluó múltiples demandas contra candidatos al Congreso. Finalmente, el organismo electoral decidió mantener en firme la inscripción de Celis, al considerar que no se configuraba la causal de inhabilidad alegada.

La candidata explicó que la decisión fue emitida en medio de un conjunto amplio de resoluciones que resolvieron solicitudes similares contra aspirantes en distintas circunscripciones. “Había muchas solicitudes de nulidad de inscripción en todo el país y finalmente a casi todos les salió favorable la decisión”, indicó.

Aunque la resolución permitió cerrar el capítulo jurídico, el episodio dejó al descubierto las tensiones propias de una campaña electoral competitiva.

El mensaje a sus contradictores

Tras superar el proceso, Celis envió un mensaje directo a quienes promovieron la solicitud de nulidad de su candidatura. En lugar de responder con confrontación política, la aspirante apeló a una metáfora para cuestionar lo que considera estrategias destinadas a debilitar a los adversarios.

“No es necesario apagar la luz ajena para que brille la propia”, afirmó. Según la candidata, la campaña ha estado centrada en presentar propuestas y en exhibir su trayectoria en el servicio público.

Celis asegura contar con 18 años de experiencia en la administración pública y subraya que durante ese tiempo no ha tenido sanciones disciplinarias ni antecedentes judiciales. “Termino esta campaña con mi conciencia limpia, con la tranquilidad de haber presentado mis propuestas y mi hoja de vida”, puntualizó Celis.