En medio del pulso político que marcará el rumbo de la llamada gran consulta del próximo 8 de marzo, la candidata presidencial Paloma Valencia ha desplegó desde los micrófonos de Radio Bucarica (1050AM) un discurso que combina críticas frontales al Gobierno actual con una agenda de reformas que, según advierte, implican decisiones difíciles e incluso impopulares pero necesarias.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Sus declaraciones, pronunciadas durante su recorrido nacional y en entrevistas concedidas en Santander, revelan una visión de país centrada en la economía familiar, la transformación estructural del sistema educativo, la recuperación institucional y una postura contundente frente a la inseguridad y la impunidad.

La candidata insiste en que el momento político exige un “gran esfuerzo nacional” para lo que denomina la recuperación de la democracia plena, entendida como el restablecimiento del equilibrio institucional, el respeto por la oposición y la obtención de resultados tangibles para los sectores populares. Desde su perspectiva, el país atraviesa una crisis de confianza alimentada por la corrupción y por políticas económicas que, según afirma, han debilitado el aparato productivo y encarecido el costo de vida de los ciudadanos.

En el corazón de su propuesta aparece la idea de la economía familiar como eje del desarrollo nacional. Valencia plantea una visión en la que el crecimiento económico no se mida únicamente en indicadores macroeconómicos, sino en la capacidad real de los hogares para mejorar sus ingresos y estabilidad financiera.

Su apuesta incluye la reducción de impuestos tanto para trabajadores como para empresarios, con el propósito de estimular el empleo y aliviar la carga sobre los hogares. Defiende una economía que describe como “fraterna”, en la que el trabajador y el empresario no se conciban como adversarios sino como integrantes de una misma comunidad productiva.

Economía familiar

En ese marco, propone una política agresiva de crédito popular que permita a pequeños comerciantes y emprendedores escapar de los circuitos ilegales de financiación, especialmente el fenómeno del “gota a gota”. Su plan contempla la creación de una banca de oportunidades con créditos masivos y baratos, el fortalecimiento de programas de emprendimiento juvenil, la capacitación financiera de pequeños negocios y la integración productiva entre micro, pequeñas y medianas empresas mediante cooperativas y redes de apoyo.

El objetivo, según sostiene, es construir una sociedad con mayor liquidez en los hogares, ingresos dignos y un Estado que actúe como aliado del emprendimiento en lugar de obstáculo burocrático.

La candidata vincula esta agenda económica con una transformación del papel del Estado, que debería concentrar el gasto público en inversión social y productiva. Habla de recortar estructuras administrativas innecesarias para redirigir recursos hacia infraestructura, agua potable, saneamiento básico, vías rurales y extensión agropecuaria. Su discurso dibuja un modelo estatal más austero en burocracia y más activo en inversión social.

En materia energética, Valencia plantea la recuperación de la soberanía productiva mediante el fortalecimiento de Ecopetrol y el impulso a la producción nacional de petróleo y gas, con el argumento de que la importación de combustibles encarece los costos sin beneficios ambientales significativos para el país. Defiende que una política energética robusta permitiría reducir tarifas de servicios, generar empleo y financiar programas sociales, además de posicionar a Colombia como productor de energía y actor relevante en la economía tecnológica global.

Reforma educativa

Sin embargo, uno de los puntos donde su discurso adquiere mayor tono confrontativo es en el campo educativo. Valencia reconoce que la reforma que propone podría resultar impopular, pero sostiene que es indispensable para garantizar calidad en el sistema. Su diagnóstico parte de la idea de que el promedio educativo nacional presenta graves deficiencias y que el país debe asumir cambios estructurales.

Su propuesta incluye la evaluación permanente de los docentes, programas de formación continua y exigencia de resultados medibles en el aprendizaje de los estudiantes. La candidata plantea una relación más estricta con los sindicatos educativos, insistiendo en que el derecho de los niños a una educación de calidad debe prevalecer sobre intereses corporativos. La educación, afirma, debe convertirse en el principal motor de transformación social, orientada por estándares de excelencia independientemente de si la oferta es pública, privada, mixta o gestionada por organizaciones religiosas o fundaciones.

En su visión, el criterio rector del sistema educativo debe ser la calidad y no la naturaleza del prestador del servicio. Bajo esa lógica, propone abrir el sistema a múltiples actores que demuestren eficacia pedagógica, promoviendo competencia y resultados. Para Valencia, esta reforma permitiría formar capital humano capaz de insertarse en sectores estratégicos como la automatización, la inteligencia artificial y las nuevas industrias energéticas.

Su discurso también aborda la relación entre justicia, seguridad y estabilidad institucional. La candidata ha expresado preocupación por lo que considera lentitud en la investigación del homicidio de Miguel Uribe, caso que describe como una tragedia nacional cuya resolución no ha avanzado hacia la identificación de los responsables intelectuales. Valencia cuestiona que las investigaciones se hayan limitado a los ejecutores materiales sin esclarecer quién ordenó el crimen ni cuáles fueron sus motivaciones, situación que considera una señal alarmante de debilidad institucional.

El asesinato, según lo plantea, representa una herida profunda para la democracia colombiana y un recordatorio de la urgencia de fortalecer el sistema judicial y la seguridad. Su postura insiste en la necesidad de garantizar verdad y justicia, no solo como reparación para las víctimas sino como defensa del sistema político frente a la violencia.

En el ámbito institucional, la candidata propone reformas estructurales al sistema de control político, incluyendo la creación de un tribunal de aforados que fortalezca la rendición de cuentas de altos funcionarios y supere las limitaciones de los actuales mecanismos de investigación. Su planteamiento apunta a equilibrar la estabilidad institucional con la exigencia de responsabilidad pública.

Valencia también ha hecho énfasis en la necesidad de gobernar en un escenario de polarización política, proponiendo diálogo con sectores sociales, movimientos estudiantiles y organizaciones sindicales, aunque establece una línea roja frente a la violencia y los bloqueos. Su visión de gobernabilidad se presenta como una combinación de apertura al debate democrático y firmeza en el mantenimiento del orden público.