Se trata de una sanción que reabre el debate sobre la concentración del poder en la gestión de derechos musicales ya que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concluyó que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) incurrió nuevamente en abuso de posición dominante dentro del mercado de gestión colectiva de derechos patrimoniales de autor. La medida, que se suma a antecedentes previos por conductas similares, pone de relieve los problemas estructurales que persisten en el modelo de gestión de derechos de autor en el país.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

De acuerdo con la investigación administrativa adelantada por la Delegatura para la Protección de la Competencia, Sayco, una empresa de naturaleza privada encargada de la gestión colectiva de obras musicales en Colombia, restringió la autonomía de los autores y compositores, impidiendo que estos pudieran gestionar de forma individual determinadas modalidades de comunicación pública, como la difusión por radio, televisión, conciertos o establecimientos comerciales, por medio de asociaciones o los denominados gestores individuales.

En la práctica, esta actuación significó que cualquier creador que deseara administrar personalmente parte de sus derechos quedara fuera del sistema colectivo y, por tanto, sin acceso a los beneficios económicos y sociales de la entidad, lo que generó un evidente desincentivo para el ejercicio de la gestión individual.

Prácticas irregulares

El extenso expediente de la SIC describe una serie de prácticas que, según el organismo, configuraron una limitación deliberada a la libre competencia y a la independencia de los autores. Entre las irregularidades más relevantes se encuentran:

Exclusión de los afiliados “administrados”: Sayco clasificó a los creadores que optaban por gestionar individualmente alguna modalidad de comunicación pública como “titulares administrados”. A estos se les negó la condición de socios, privándolos de su derecho a participar en los órganos directivos y decisorios de la entidad.

Recargo del 10% en tarifas: La sociedad impuso un sobreprecio a los “titulares administrados” bajo el argumento de que estos recursos financiarían programas sociales y económicos. Sin embargo, los afectados no podían acceder a dichos beneficios, creando una clara discriminación interna.

Obligatoriedad de ceder todas las formas de comunicación pública: Para poder acceder al servicio de gestión colectiva, Sayco exigía a los autores la cesión total de sus derechos de comunicación pública (radio, televisión, conciertos y establecimientos), impidiendo la gestión selectiva o parcial.

Contratos restrictivos y sin opciones de modificación: Los contratos de mandato diseñados por la entidad no contemplaban mecanismos que permitieran a los autores reservarse ciertos derechos ni recuperar la gestión individual. Pese a las advertencias de la SIC desde 2016, Sayco no implementó los ajustes ordenados y continuó operando bajo esquemas contractuales cerrados.

Atentado a la independencia de los autores

El impacto de estas prácticas fue doble. En primer lugar, los autores y compositores perdieron la posibilidad de decidir libremente cómo administrar y rentabilizar sus obras, una facultad esencial dentro del derecho de autor.

En segundo término, el mercado de gestión musical quedó prácticamente cerrado a nuevos actores, ya que Sayco, al ser la única organización habilitada para la gestión colectiva, bloqueó las oportunidades de competencia o de modelos alternativos de administración de derechos.

Según la SIC, este tipo de comportamientos distorsionan la competencia y frenan la innovación en un sector que, en los últimos años, ha experimentado un profundo cambio tecnológico con la expansión de plataformas digitales y nuevas formas de monetización.

La autoridad advirtió que la estructura actual del sistema, dominada por una sola entidad, genera asimetrías de poder y opacidad en la distribución de los recursos, afectando directamente la retribución justa a los creadores musicales.

Para la SIC, esta decisión no solo representa una sanción ejemplarizante, sino una oportunidad para democratizar y modernizar el sistema de gestión musical en Colombia ya que en su pronunciamiento la SIC sostuvo que, al eliminar las barreras impuestas por Sayco, se abre la posibilidad de que surjan nuevas formas de administración de derechos, más eficientes y acordes con las dinámicas del mercado digital.

Asimismo, la medida pretende garantizar una remuneración justa y transparente para los autores, compositores y herederos, quienes históricamente han denunciado la falta de claridad en el manejo de los recursos recaudados por la sociedad.

“La SIC del Cambio reafirma su compromiso con un mercado más justo, eficiente y favorable para los creadores musicales, en el marco de una economía social de mercado”, señaló la entidad en su comunicado oficial.

La resolución, más allá de su impacto financiero, envía un mensaje contundente: la gestión colectiva no puede convertirse en un monopolio cerrado ni en un obstáculo para la libertad creativa. Por el contrario, debe garantizar que los artistas puedan decidir cómo y con quién proteger su obra, sin coerciones ni exclusiones.

Mientras la SIC refuerza su rol de vigilancia, el desafío ahora recae en el propio Estado y en el Ministerio de Cultura, que deberán promover un entorno normativo donde los autores puedan elegir libremente entre la gestión colectiva o la individual, sin castigos ni barreras.

La reiteración de estas conductas demuestra que no bastan las multas para transformar un modelo concentrado, sino que se requiere una reforma integral que ponga en el centro a los verdaderos protagonistas de la creación musical: los autores y compositores colombianos

Historial de sanciones por las mismas prácticas

Esta no es la primera vez que Sayco es sancionada por las mismas razones. En 2018, la SIC ya había impuesto una multa de $1.378 millones a la entidad por haber “aprovechado su posición dominante para subordinar la gestión colectiva de algunos usos del derecho de comunicación pública a la obligación de ceder la totalidad de dichos derechos”.

En aquella ocasión, la Superintendencia determinó que los contratos de mandato de Sayco no ofrecían ninguna posibilidad de segmentar los derechos gestionados, lo que obligaba a los autores a entregar la totalidad de los usos a la entidad si deseaban ser socios. Además, se sancionó al representante legal Jairo Enrique Ruge Ramírez con una multa de $137,8 millones, al comprobarse su participación directa en la ejecución de las conductas restrictivas.

La Corte Constitucional, mediante fallo del 12 de septiembre de 2017, dejó en firme la sanción impuesta por la SIC, ratificando que la conducta de Sayco violó los numerales 3 y 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, relativos al abuso de posición dominante.

Pese a ese antecedente y a las obligaciones de modificar los contratos para garantizar la libertad de gestión de los autores, la nueva decisión de la SIC demuestra que las prácticas anticompetitivas se mantuvieron en el tiempo.

RECUADRO

Medidas estructurales y vigilancia

de cumplimiento por tres años

Además de la sanción económica, la Superintendencia impuso un paquete de medidas estructurales y de comportamiento destinadas a corregir el modelo de operación de Sayco. Entre las principales órdenes se destacan:

Modificar los contratos de mandato para permitir que los autores puedan reservarse determinadas modalidades de comunicación pública, tanto en nuevos contratos como en los ya vigentes.

Informar de manera transparente a los afiliados, a través de la página web, redes sociales y canales electrónicos, que los titulares tienen el derecho a gestionar individualmente sus obras en ciertas modalidades.

Implementar un Programa de Cumplimiento del Derecho de la Competencia, bajo la supervisión directa de la SIC durante más de tres años. Este programa busca asegurar que la entidad adopte una cultura interna de respeto por las normas de libre competencia.

La Superintendencia advirtió que el seguimiento será estricto y continuo, con el fin de garantizar que Sayco no reincida en comportamientos restrictivos ni obstaculice la gestión independiente de los creadores.