Organizaciones alzan la voz ante alarmante violencia contra la niñez en Colombia

Un llamado urgente hicieron la Alianza por la Niñez Colombiana, en conjunto con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y diversas organizaciones defensoras de derechos, ante la grave situación que enfrenta la infancia y la adolescencia en Colombia. La preocupación de los expertos se fundamenta en los recientes hechos de violencia que han involucrado a menores de edad, y que, según cifras del Instituto Nacional de Salud, solo en 2023 dejaron 609 homicidios, 286 suicidios, 301 muertes por desnutrición, 19.765 víctimas de violencia sexual y 7.986 de violencia intrafamiliar.

Voceros de la Alianza por la Niñez advirtieron sobre la urgencia de implementar políticas públicas y programas con enfoque diferencial, que respondan a las diversas realidades territoriales y culturales de las niñas, niños y adolescentes. “Se hace urgente promover acciones concretas para prevenir y garantizar los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias”, expresaron, señalando que actualmente más de 70 mil menores permanecen en centros de protección con procesos de restablecimiento de derechos abiertos por causas como abuso sexual, negligencia y abandono.

Una de las mayores preocupaciones manifestadas por las organizaciones es el estado de la actual Organización Social del Cuidado, entendida como los arreglos sociales e institucionales que determinan quién cuida, a quién se cuida y en qué condiciones. “Debemos reconocer la necesidad de redistribuir el trabajo de cuidado, tanto en los hogares como en la sociedad, entre el Estado, el mercado y la comunidad, para que este no recaiga exclusivamente en el trabajo no remunerado de las mujeres”, afirmó el profesor Javier Pineda, de la Universidad de los Andes.

Por su parte, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señaló que los recientes casos de abuso sexual infantil evidencian falencias estructurales del sistema de protección. “El sistema tiene dos elementos al revés: primero, su carácter patriarcal que juzga al que denuncia. La víctima debe ser protegida y quien denuncia también. Lo segundo es que el sistema aleja a las mujeres y niños, en vez de alejar al agresor”, declaró.

El pronunciamiento conjunto incluyó a instituciones como Save the Children, Lumos, Aldeas Infantiles SOS, World Vision, Red PaPaz, Corporación Juego y Niñez, y la Corporación Infancia y Desarrollo. Todas coincidieron en que se requieren acciones preventivas que fortalezcan a las familias y reconozcan los múltiples desafíos que enfrentan, como la pobreza, la falta de acceso a educación, el conflicto armado, la migración, y los efectos del cambio climático.

La secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez, Omaira Orduz Rodríguez, insistió en que el país debe poner en el centro de la agenda pública el tema del cuidado infantil. “Queremos que Colombia reconozca y valore el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado, el mercado o las empresas privadas y la comunidad”, expresó.

En ese sentido, las organizaciones señalaron que tienen expectativas frente al desarrollo del Documento Conpes 4143, aprobado el pasado 14 de febrero, que define la Política Nacional de Cuidado. Sin embargo, recalcaron que la implementación de esta política debe venir acompañada de recursos suficientes y voluntad política real. “El Estado debe invertir en acciones de prevención y materializar el interés superior del niño en recursos para su cuidado”, concluyeron.

Durante el encuentro, también se destacó la necesidad de incorporar una perspectiva intergeneracional, donde las voces de niñas, niños y adolescentes sean escuchadas y reconocidas como agentes activos de transformación. “Ellas y ellos pueden agenciar cambios sociales y culturales que contribuyan a fortalecer la organización del cuidado”, señalaron los académicos y representantes sociales.

Finalmente, recordaron que Colombia suscribió el Compromiso País al cierre de la Conferencia Interministerial Mundial para la Eliminación de las Violencias contra Niñas y Niños, celebrada en Bogotá en noviembre de 2024. Ante el incumplimiento de las metas allí trazadas, instaron a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a redoblar esfuerzos para garantizar una infancia libre de violencias y con oportunidades reales para su desarrollo integral.