Nombramientos sin el aval del gobernador terminaron empapelando a exdirectora del Indersantander

Indersantander ha sido objeto de múltiples observaciones en la última década relacionadas con contratación, ejecución de recursos para escenarios deportivos y manejo de personal. La apertura de este nuevo proceso disciplinario revive las dudas sobre la solidez de sus controles internos y la transparencia de su administración.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Procuraduría General de la Nación abrió un nuevo capítulo de escrutinio sobre presuntas irregularidades en el manejo administrativo en Santander al formular cargos disciplinarios contra Kelly Paola Restrepo Amaya, exdirectora del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), por presuntas irregularidades en la creación de cargos, expedición de resoluciones y nombramientos que habrían sido realizados sin el aval legal correspondiente.

Según el pliego de cargos, los hechos investigados se remontan a diciembre de 2023, cuando Restrepo Amaya habría modificado la planta de personal del instituto de manera unilateral, pese a que (según los estatutos del propio Indersantander) este tipo de ajustes solo pueden ser aprobados por la Junta Directiva o, en su defecto, autorizados por el Gobierno departamental.

La Procuraduría señaló que la entonces directora no solo habría creado o ajustado cargos sin tener la competencia para ello, sino que también habría procedido a nombrar en provisionalidad a por lo menos seis funcionarios, transgrediendo el procedimiento legal y estatutario establecido para la administración del personal.

De acuerdo con el Ministerio Público, estos nombramientos se realizaron sin contar con la autorización de la Junta Directiva de Indersantander, el visto bueno del Gobernador de Santander, exigido en su calidad de máxima autoridad departamental, los soportes jurídicos que permitieran justificar la creación o modificación de los cargos y los estudios técnicos que deben anteceder cualquier reestructuración de planta de personal.

En este sentido, el organismo de control enfatizó que Restrepo Amaya, como directora, tenía pleno conocimiento de las normas internas del instituto y de las restricciones en materia de nombramientos, por lo que debió abstenerse de adelantar cualquier proceso administrativo que excediera sus funciones.

Tras la valoración preliminar, la Procuraduría calificó la conducta de Restrepo Amaya como falta grave a título de culpa gravísima, al considerar que actuó con desatención evidente hacia los deberes funcionales y sin observar los principios que rigen la administración pública, entre ellos el principio de legalidad, responsabilidad, planeación, y la transparencia en el manejo del talento humano.

Esta calificación implica que las decisiones presuntamente adoptadas de manera irregular pudieron afectar gravemente la estructura administrativa de Indersantander, así como comprometer el uso eficiente de los recursos públicos destinados al deporte y la recreación en el departamento.

Lo que sigue en el proceso

Fuentes cercanas al instituto señalan que los movimientos en la planta de personal realizados a finales de 2023 generaron malestar interno, especialmente porque coincidieron con la transición entre la administración departamental saliente y el empalme con el nuevo gobierno. Incluso, en algunos sectores se cuestionó si dichos nombramientos buscaban dejar atornilladas ciertas cuotas dentro de la entidad antes del cambio de mando.

Si bien estas versiones no hacen parte formal del expediente disciplinario, sí explican el ambiente de tensión y la atención que ha recibido el caso por parte de actores políticos y deportivos del departamento.

Con la formulación de cargos, el proceso entra en su fase probatoria, en la cual la Procuraduría escuchará versiones, revisará documentación interna del instituto y determinará si las actuaciones de la exdirectora configuran responsabilidades disciplinarias sancionables.

Restrepo Amaya podrá ejercer su derecho a la defensa, aportar pruebas y solicitar la práctica de testimonios. Al cierre de esta etapa, el Ministerio Público deberá decidir si impone una sanción, archiva el proceso o modifica la calificación de la falta.

Mientras tanto, el caso se suma a la larga lista de investigaciones que comprometen a exfuncionarios del sector deportivo y recreativo en Santander, un campo donde históricamente han convergido intereses políticos, cuotas burocráticas y recursos públicos significativos.