Mueren seis menores en operativo contra disidencias de Iván Mordisco, lo confirma la Defensoría del Pueblo
Resumen
La Defensoría del Pueblo contradijo la versión del ministro de Defensa sobre un bombardeo en Guaviare que dejó seis menores muertos. Exigen claridad y respeto al DIH, subrayando que los niños reclutados son víctimas, no combatientes, y merecen protección.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La confirmación de la Defensoría del Pueblo sobre la muerte de seis niños, niñas y adolescentes (NNA) este viernes 15 de noviembre, durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de alias "Iván Mordisco" en una zona rural del Guaviare, ha llevado a una discrepancia institucional.
La revelación de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, contradice categóricamente la versión oficial entregada apenas 24 horas antes por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien había asegurado que la operación no había afectado a ningún menor de edad. La Defensoría también reportó la recuperación de otros cuatro cuerpos aún sin identificar.
El centro de la controversia no es solo la cifra de víctimas, sino el pronunciamiento previo del jefe de la cartera de Defensa. El ministro Sánchez había justificado públicamente que un menor involucrado en hostilidades "pierde toda protección", añadiendo la frase controversial: "lo que mata no es la edad, es el arma en sí".
La Defensoría del Pueblo respondió con un comunicado contundente, exigiendo "claridad absoluta" y el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). La entidad subrayó que el reclutamiento forzado convierte a los NNA en víctimas, no en combatientes.
DIH en el centro del debate
La institución de DD. HH. fue enfática al recordar que los menores reclutados mantienen una protección reforzada, fundamentada en principios de humanidad y en el interés superior del niño.
Citando la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la Defensoría reafirmó que estas víctimas "no pueden ser tratadas como combatientes ni convertirse en objetivos militares". La entidad concluyó que, incluso si el ataque es legítimo, el uso de la fuerza debe ser estrictamente proporcional y nunca justificar daños desproporcionados o innecesarios a la población civil, menos aún a niños que han sido forzados a la guerra.
