Marco Alirio Cortés pide a la JEP que revele los vínculos políticos de las FARC con el secuestro en Santander

En el marco de la audiencia regional de reconocimiento de la verdad celebrada en Bucaramanga, el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, quien fue víctima del secuestro por parte del Frente 23 de las FARC hace más de 15 años, se pronunció sobre la necesidad de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) profundice en la investigación de los intereses políticos y económicos que llevaron a la guerrilla a secuestrar a ciudadanos en Santander.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Cortés instó a la JEP a revelar los nombres de los políticos que, según él, se beneficiaron de estos actos, los cuales, en su opinión, no fueron meramente criminales o extorsivos, sino parte de un proceso de control territorial y político en la región.

El alcalde Cortés compartió con EL FRENTE su experiencia como víctima de las FARC, relatando cómo, en su momento, los secuestros en Santander no fueron únicamente motivados por el lucro, sino que respondieron a intereses políticos más amplios.

Durante su intervención en la audiencia, Cortés recordó el secuestro que sufrió en la provincia de Vélez, uno de los hechos más impactantes de aquellos años, en los que el Frente 23 de las FARC operaba en la región.

"Estuve secuestrado hace unos 15 años por el Frente 23 de las FARC, en hechos que sacudieron al departamento de Santander", afirmó Cortés. "Pero no sólo fuimos secuestrados. Hubo un compromiso político de las FARC, que se extendió a temas económicos, políticos y sociales con algunas personas que ejercíamos liderazgo en la región. Esos acuerdos, que aún no se han revelado, son fundamentales para entender lo que realmente ocurrió", agregó el mandatario municipal.

Según Cortés, los secuestros fueron parte de una estrategia más compleja, donde la guerrilla buscaba no solo financiarse, sino también aniquilar a líderes políticos y sociales que representaban una amenaza para sus intereses.

Recordó, en particular, el asesinato de Guillermo Suárez, entonces alcalde de Barbosa, y los ataques a la familia Suárez, propietarios de la empresa Transander. "Fue un solo día de violencia, donde mataron a una familia trabajadora y política. El control que ejercían no solo era territorial y social, sino también político", expresó Cortés.

Pacto entre guerrilleros y políticos tradicionales

El alcalde también planteó una teoría inquietante sobre la relación entre los frentes guerrilleros y ciertos sectores de la política tradicional en Santander. Según su versión, las FARC no solo actuaban por motivos ideológicos, sino que había acuerdos específicos con actores políticos de la región, quienes se beneficiaron de las acciones violentas de la guerrilla.

"Es evidente que hubo un esquema político detrás de los secuestros", sostuvo Cortés. "Es hora de que la JEP escudriñe esas verdades y revele qué políticos tradicionales estuvieron involucrados en estos pactos, ya que son fundamentales para entender el control territorial y la violencia en Santander", destacó.

Para Cortés, el proceso que adelanta la JEP es crucial, pero aún incompleto. "La JEP ha sido un mecanismo transicional importante, pero a nivel territorial, en Santander, no hemos llegado a fondo con la verdad", afirmó el alcalde, quien consideró que la falta de claridad en algunos aspectos podría deberse a una estrategia de la guerrilla para proteger a los actores políticos involucrados, lo que, a su juicio, ha obstaculizado el esclarecimiento total de los hechos.

"Lo que falta es que la JEP abra una línea de investigación para encontrar la verdad detrás de esos crímenes que se camuflaron bajo la etiqueta de extorsión, cuando en realidad fueron crímenes políticos", señaló Cortés. Según él, la guerrilla y los sectores políticos involucrados han evitado revelar la totalidad de la verdad para no desestabilizar aún más el escenario político actual. "Hay muchas verdades que no se han contado para no generar tensiones con esos actores políticos que, en su momento, fueron parte del entramado", expresó.

El compromiso con la reparación y la no repetición

Cortés también subrayó la importancia de que el proceso de paz, especialmente el proceso de justicia transicional, no se limite únicamente a la verdad y la justicia, sino que también se enfoque en la reparación de las víctimas y en evitar la repetición de los crímenes ocurridos. Para ello, hizo un llamado a la JEP para que actúe con más contundencia en las investigaciones y en la aplicación de sanciones a los responsables, no solo de los secuestros y asesinatos, sino también de los acuerdos que, según él, permitieron que esos crímenes se perpetraran.

"Es fundamental que la JEP se enfoque también en los acuerdos que los frentes guerrilleros hicieron con algunos actores del sector político. Esa es una parte de la verdad que todavía no hemos escuchado y que es vital para garantizar que estos hechos no se repitan", concluyó el alcalde de Barbosa.

En este contexto, Marco Alirio Cortés no solo pidió que se esclarecieran los crímenes perpetrados por las FARC, sino que también subrayó la importancia de reconstruir la memoria histórica de la región. "Es necesario que se reconozcan todos los aspectos de la violencia que vivimos en Santander, desde los secuestros hasta los acuerdos políticos que facilitaban estos crímenes. Solo así podremos avanzar hacia la verdadera paz", concluyó el alcalde.

Este llamado de Cortés resuena en un momento crítico para el país, en el que aún queda pendiente la construcción de una memoria histórica completa que no omita las complejidades del conflicto armado en Colombia, especialmente en regiones como Santander, donde la violencia política, económica y social se entrelazó de manera profunda y dolorosa.