Tribunal Superior de Bucaramanga declaró la nulidad de lo actuado dentro del incidente de desacato relacionado con la delimitación del páramo de Almorzadero. En este contexto, el Ministerio de Ambiente aclaró que tras la decisión del Tribunal la sanción económica impuesta en el pasado Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga (Santander) no se encuentra vigente.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La multa impuesta proviene de un incidente de desacato, una medida de carácter procesal prevista en el Decreto 2591 de 1991 y su finalidad era garantizar el cumplimiento de una tutela, no castigar a personas ni generar antecedentes disciplinarios o penales. “En este sentido, no se trata de una sanción personal contra la ministra Irene Vélez Torres”, precisó en declaraciones a EL FRENTE un vocero de la jefatura ambiental quien además explicó que el incidente de desacato que dio lugar a la multa se atribuye al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya representación legal ostenta actualmente la ministra Irene Vélez Torres.

La orden presuntamente incumplida provino de una decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga en 2019, cuando el Ministerio estaba a cargo de Ricardo Lozano Picón y esa decisión exigía expedir en un año una nueva resolución de delimitación del Páramo de Almorzadero con participación ciudadana (en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017). En consecuencia, la medida no corresponde a un presunto incumplimiento personal de la ministra Irene Vélez Torres, sino a una responsabilidad institucional acumulada que ha atravesado varias administraciones.

En su decisión reciente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en una decisión adoptada por la Magistrada sustanciadora Jenny Carolina Martínez Rueda, precisó que el juzgado de primera instancia en Málaga incurrió en irregularidades procesales al momento de abrir el incidente desacato, específicamente por fallas en la notificación e identificación de los responsables, lo que se consideró en la segunda instancia como una vulneración el derecho fundamental al debido proceso.

En consecuencia, el trámite deberá rehacerse desde su inicio, con todas las garantías procesales para las partes involucradas. “Con este fallo no existe actualmente sanción vigente contra la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, ni contra ningún funcionario de la entidad. El expediente regresa al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Málaga para rehacer el trámite desde su inicio, con todas las garantías”, insistió a EL FRENTE un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.

“El Ministerio seguirá participando activamente en el nuevo trámite, siempre con el compromiso de cooperar plenamente con la administración de justicia y de garantizar el cumplimiento material y participativo de la sentencia de tutela que ordena la delimitación del páramo de Almorzadero. Reiteramos su disposición de avanzar, junto con las comunidades y actores institucionales, en un proceso transparente, garantista y responsable frente a la protección de los páramos y la participación ciudadana en las decisiones ambientales”, expresó el vocero de la cartera ambiental.