Las víctimas de VBG en disciplinario

Por: Maura Samara Suárez

La Ley 1952 de 2019 define a las víctimas como sujetos procesales dentro del derecho disciplinario, diferenciándolas de los quejosos. Tradicionalmente, en este ámbito no se reconocía la existencia de víctimas, ya que las infracciones investigadas se centran en el incumplimiento de deberes funcionales y no en la afectación de derechos individuales. Sin embargo, la normativa ha evolucionado para permitir que las víctimas de violaciones a los derechos humanos intervengan activamente en los procesos disciplinarios.

El numeral 2 del artículo 52 de la Ley 1952 de 2019 establece que incurrir en graves infracciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario constituye una falta disciplinaria. En este contexto, la sentencia T-265-16 estableció la necesidad de procedimientos disciplinarios justos y eficaces para abordar casos de violencia basada en género, incluyendo el acoso sexual.

El reconocimiento de las víctimas dentro del derecho disciplinario es fundamental para garantizar su acceso a la justicia. Instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, ratificados por Colombia, obligan al Estado a establecer medidas de protección, prevención y sanción contra la violencia de género. Estos tratados refuerzan la obligación de los entes disciplinarios de reconocer a las víctimas y garantizar su participación en los procesos.

Históricamente, la regulación de la violencia basada en género ha surgido principalmente desde el derecho penal, con leyes como la 1257 de 2008, que define la violencia contra la mujer y establece medidas para su atención, protección y acceso a la justicia. El artículo 8 de esta ley reconoce derechos fundamentales de las víctimas, como el acceso a información clara, atención médica y psicológica, y garantías de no repetición.

La Ley 2365 de 2024 estableció mecanismos específicos para prevenir, detectar y atender la violencia de género. Esta norma define el acoso sexual y refuerza los derechos de las víctimas, tales como la confidencialidad, la atención integral y la protección frente a retaliaciones. También modificó la Ley 1952 de 2019, adicionando al artículo 53 la tipificación del acoso sexual como falta disciplinaria.

Diversas sentencias han reafirmado el reconocimiento de las víctimas de violencia basada en género como sujetos procesales dentro del derecho disciplinario. La sentencia T-265 de 2016 estableció que las víctimas no deben ser consideradas meros interesados en los procesos disciplinarios, sino sujetos con derechos y garantías. Por su parte, la sentencia T-210 de 2023 analizó un caso de acoso laboral y sexual, destacando la importancia de garantizar una vida libre de violencia y acceso efectivo a la justicia.

La sentencia T-239 de 2018 protegió los derechos de una mujer despedida tras denunciar violencia de género en su lugar de trabajo, reafirmando que la autonomía de las instituciones no puede usarse para vulnerar derechos fundamentales. Asimismo, la sentencia T-426 de 2021 determinó que el desconocimiento de la condición de víctima dentro de un proceso disciplinario constituye una violación al debido proceso y al acceso a la justicia.

En conclusión, el reconocimiento de las víctimas de violencia basada en género dentro del derecho disciplinario es una obligación del Estado y de los operadores disciplinarios. La jurisprudencia y la normativa han avanzado para garantizar que las víctimas sean tratadas como sujetos procesales con derechos y garantías plenas. La aplicación efectiva de estos principios es esencial para combatir la impunidad y asegurar el acceso real a la justicia para quienes han sido afectadas por estas formas de violencia.