Las injusticias de la justicia colombiana

Por: Jorge E. Solís

Movidos por la necesidad de implantar un sistema efectivo para controlar la delincuencia incrementada en nuestro país, se han planteado algunas fórmulas para acabar con este flagelo que nos azota.  La posición del alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, antes de su posible salida como mandatario, se centra en la preocupación por la disminución del presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- cercano a los $12.000 millones de pesos, que se va a ver reflejado de forma negativa, en la criminalidad y delincuencia en las calles.

“El año pasado se dio captura a 17 estructuras criminales en nuestro departamento, con un promedio de 250 personas con casa cárcel.  El 50% de los detenidos con brazalete, fueron nuevamente capturados delinquiendo con hechos cada vez más graves, por lo que se solicita un mayor control para no enviar en detención domiciliaria a delincuentes de alta peligrosidad, por lo que necesitamos un respaldo de seguridad de la justicia mucho más robusto.  Faltan más cárceles y terminar los Centros de Atención Transitorios. Gobernar no solo requiere orden y autoridad, sino un acompañamiento de la justicia.”.

En el sector de la salud, la justicia también está siendo burlada.  La salud no opera si no hay tutelas, las que se han venido incrementando para hacer valer los derechos, pero estas no son acatadas como ordena la ley, incluso las demandas por desacato, advirtiendo los mismos pacientes que la tutela y el desacato perdieron su carácter resolutivo a problemas de atención en salud.  Existen en el país más de 100.000 colombianos con enfermedades huérfanas, con patologías crónicas y debilitantes.  Si no opera la ley, entonces ¿a quién recurrimos?

La falta de control exhaustivo por contratos leoninos que realizan las multinacionales en nuestro país, por servicios de telefonía, TV e internet son evidentes.  Los cobros mensuales casi nunca corresponden a los valores acordados en el contrato, estos casi siempre lo superan cobrando entre $5.000 a $20.000 pesos o más, que la mayoría de clientes no reclama, porque son más costosos los trámites, permitiendo a estas multinacionales captar con el potencial de clientes de manera dolosa muchos millones.  Otro sistema doloso es el de las supuestas “Tarifas especiales” donde el cliente cada 6 meses debe decir que se acoge a ellas, si no lo hace, le cobran sin avisar una tarifa plena, que equivale a casi el doble de lo que se cancelaba.

Infortunadamente estos son solo algunos de los casos tomados como referentes, donde la justicia no solamente ‘cojea’, para rematar no llega. Los entes de ejercer control y veeduría a los “prestadores de servicios”, en ocasiones castigan las faltas imponiendo multas irrisorias, que los condenados cancelan con “gusto”, lo que les permite seguir en la misma exitosa rutina laboral, sin que se tomen medidas de fondo que acaben con estos desmedidos abusos. No basta con hacer reuniones de ministros, hay que planificar y exigir resultados positivos.