La incertidumbre que desde hace días rodea el paradero del candidato al Senado Andrés Vázquez Vargas dio un giro sustancial tras el pronunciamiento del gobierno nacional, que confirmó que su desaparición no corresponde a una ausencia voluntaria sino a un secuestro. La afirmación oficial, sumada al ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de pesos por parte de la administración departamental del Cesar, intensificó la preocupación política y social en el país y convirtió el caso en uno de los episodios más sensibles del actual panorama electoral colombiano.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

La desaparición del aspirante del Partido Conservador Colombiano ocurrió en la madrugada del miércoles en el municipio de Pelaya, en el sur del departamento del Cesar, en circunstancias que aún generan múltiples interrogantes y mantienen desplegado un amplio operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Durante los primeros días, el caso fue manejado con prudencia como una desaparición sin clasificación definitiva. Sin embargo, el Gobierno nacional anunció posteriormente que la evidencia recopilada por los organismos de inteligencia y las autoridades judiciales apunta a un secuestro.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se activaron todas las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para ubicar al dirigente político y garantizar su regreso con vida. Según el funcionario, se desplegaron unidades de inteligencia, investigación criminal, búsqueda y rescate en la región.

El pronunciamiento oficial se produjo en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral y tras el reporte de otros hechos similares en distintas zonas del país. El Gobierno insistió en que no permitirá que la violencia interfiera en el ejercicio de los derechos políticos ni en el proceso democrático.

En paralelo al anuncio del Ejecutivo, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, en coordinación con la alcaldía de Pelaya, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar al candidato.

La decisión se adoptó durante un consejo de seguridad extraordinario en el que participaron la Policía Nacional, el Gaula, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo del encuentro fue coordinar acciones operativas, establecer posibles rutas de traslado y fortalecer el cerco institucional en la zona.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información de manera confidencial, reiterando garantías de reserva y protección a quienes colaboren con datos relevantes.

La llamada que precedió su desaparición

La reconstrucción de los hechos realizada por familiares dibuja una escena marcada por el desconcierto. Hacia las cinco de la mañana, Vázquez recibió una llamada telefónica mientras descansaba en la vivienda de sus padres en Pelaya. Tras contestar, salió de inmediato de la habitación.

Minutos después, según relataron testigos cercanos, se escuchó el sonido de una motocicleta aproximándose a la residencia. El candidato salió a verificar la situación y desde ese momento no se volvió a saber de él.

Uno de los elementos más inquietantes del caso es que el dirigente dejó su teléfono celular, documentos personales y demás pertenencias dentro de su vehículo, el cual fue encontrado con las puertas abiertas frente a la vivienda familiar. La escena fue descubierta por su padre al notar su ausencia y comenzar una búsqueda por los alrededores sin obtener resultados.

Hasta ahora no existen testigos directos del momento en que ocurrió la presunta retención.

Horas antes de su desaparición, Vázquez había cumplido compromisos políticos en Ocaña y posteriormente se trasladó a Pelaya para continuar su agenda en la región. Tenía previsto viajar a Bogotá para adelantar actividades de campaña y participar en espacios mediáticos relacionados con su postura frente a la defensa de los derechos de autores y compositores.

El candidato había ganado notoriedad pública por sus críticas al modelo de gestión de derechos de autor en Colombia, particularmente por sus cuestionamientos al monopolio de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos. Sus posiciones, de carácter técnico y político, lo habían enfrentado con estos organismos en debates públicos sobre transparencia, recaudo y distribución de regalías.