La utopía de la reincorporación en Santander y su lucha constante contra la estigmatización

Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana, el proceso de reincorporación en Santander y el Magdalena Medio sigue enfrentando un enemigo menos visible que las balas, pero profundamente corrosivo: la exclusión social, económica, política y financiera que aún pesa sobre cientos de firmantes.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Mientras en el país más de 400 firmantes de paz habían sido asesinados hasta 2025, Santander no registra el mismo nivel de violencia letal, pero sí enfrenta una realidad menos visible y no menos grave: barreras estructurales para acceder a empleo, educación, vivienda, sistema financiero y convivencia comunitaria.

Así lo dejó claro Manarí Figueroa, enlace de comunicaciones para Santander y Magdalena Medio de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), quien reconoció que, aunque el proceso presenta avances importantes en formación, productividad y reconciliación, su velocidad ha sido frenada por prejuicios sociales que continúan marginando a quienes apostaron por la vida civil.

Figueroa describió un panorama donde antiguos combatientes encuentran obstáculos incluso para abrir cuentas bancarias, conseguir trabajo formal o garantizar que sus hijos permanezcan en colegios sin ser señalados por su origen familiar. La estigmatización, advirtió, no se limita al rechazo simbólico, sino que se traduce en exclusión concreta de derechos básicos, retrasando la promesa de una reincorporación efectiva.

En Santander y Magdalena Medio, más de 300 personas permanecen actualmente en proceso de reincorporación, distribuidas en municipios como Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil, Puerto Parra, Barrancabermeja y Campo Capote. Según la ARN, aunque la cifra refleja una permanencia significativa dentro del proceso, también evidencia que la estabilización plena sigue siendo una meta en construcción.

El balance institucional muestra avances, pero lejos de triunfalismos. Entre los logros destacados aparecen excombatientes que hoy culminan primaria o bachillerato, recuperan vínculos familiares perdidos durante décadas de conflicto o desarrollan proyectos agrícolas y productivos ligados al campo santandereano. Ganadería, cultivo, cacao, café, transformación de frutas, producción de mermeladas y emprendimientos rurales forman parte del portafolio económico que busca sustituir la dependencia por autonomía.

Sin embargo, la ARN admite que estos procesos no han alcanzado la dimensión esperada, en parte porque la polarización política sigue contaminando la mirada social sobre los firmantes. La lectura ideológica del acuerdo, más que una visión práctica de reintegración, ha ralentizado escenarios de aceptación comunitaria y acceso a oportunidades.

En ese contexto, la estrategia “Mirémonos de Cerca, la Estigmatización Mata” surge como una respuesta pedagógica para desmontar imaginarios hostiles. A través del podcast “Imaginarios”, compuesto por 21 testimonios de firmantes que narran en primera persona sus barreras tras dejar las armas, la ARN trasladó cabinas sonoras a espacios públicos de Barrancabermeja, Piedecuesta, Bucaramanga, la UIS y la Alcaldía de Bucaramanga, buscando sacar la discusión de las oficinas y llevarla a la calle.

La apuesta no pretende justificar crímenes del pasado, sino exponer las dificultades reales del presente. La estrategia busca que la ciudadanía escuche antes de condenar automáticamente, en una región donde el peso de la guerra todavía condiciona la convivencia.

Uno de los focos más relevantes se concentra en Puerto Parra, donde desde 2025 se desarrollan las llamadas Agendas Territoriales para la Reincorporación Comunitaria, un modelo que reúne a víctimas, juntas de acción comunal, instituciones y firmantes para construir rutas de reconciliación local. Este 30 de abril se realizará una nueva fase de apertura institucional, en articulación con la Gobernación de Santander.

Aunque la ARN insiste en que Santander presenta un proceso “exitoso” frente a otros territorios, las declaraciones de su propia vocería reflejan una verdad incómoda: la paz firmada no se tradujo automáticamente en integración social. El acuerdo abrió puertas jurídicas, pero no logró desmontar con la misma rapidez las barreras culturales, financieras y políticas que mantienen a muchos firmantes atrapados en una ciudadanía incompleta.

El desafío, diez años después, no parece ser únicamente reincorporar excombatientes, sino reincorporar a la sociedad misma a una lógica menos punitiva y más funcional, donde la segunda oportunidad no sea una consigna institucional, sino una posibilidad tangible. En Santander, la paz sigue siendo un proceso en obra gris.