La guerra por las audiencias entre Semana y la Silla Vacía se moverá hacia los tribunales tras acusaciones mutuas de difamación

La confrontación entre dos de los medios más influyentes del país (Revista Semana y La Silla Vacía) escaló a un nuevo nivel tras la publicación de un explosivo artículo que ha desatado una batalla pública por la reputación, la veracidad y la independencia periodística.

En el centro del huracán se encuentra la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía, quien denuncia ser víctima de una “campaña de desprestigio” impulsada como represalia informativa.

El detonante de esta disputa fue una investigación de La Silla Vacía que reveló la supuesta participación de la familia Gilinski, uno de los grupos económicos más poderosos del país, en la financiación de la campaña de recolección de firmas de la periodista y precandidata Vicky Dávila. La publicación tocó fibras sensibles en las relaciones entre poder económico, medios de comunicación y política, un triángulo históricamente polémico en Colombia.

Días después, Semana respondió con un artículo titulado “La periodista y el imperio familiar: los conflictos de interés que La Silla Vacía no cuenta”, firmado por Germán Calderón, cercano al candidato Abelardo de la Espriella. La pieza cuestiona la transparencia financiera y la estructura empresarial del medio digital dirigido por León.

Lejos de quedarse en silencio, Juanita León reaccionó con una extensa solicitud formal de rectificación dirigida a Semana, a su director Yezid Lancheros y al empresario Gabriel Gilinski. En el documento, León desmenuza punto por punto lo que considera una serie de afirmaciones “falsas, inexactas o gravemente engañosas”. Entre las acusaciones más delicadas que rebate, se encuentran:

·         La supuesta permanencia del control de La Silla Vacía en manos de su familia, pese a la cesión total a una fundación sin ánimo de lucro.

·         La insinuación de estructuras financieras opacas a través de una LLC en Estados Unidos.

·         Un presunto conflicto de interés con la empresa Quala, que León niega categóricamente.

·         La falsa atribución de participación accionaria en empresas privadas.

·         La tergiversación de relaciones comerciales con Ecopetrol, presentada según León como contratos estatales inexistentes.

·         La insinuación de posibles conductas penales relacionadas con la financiación del medio mediante donaciones.

León no solo exige correcciones públicas “en condiciones de equidad”, sino que además deja abierta la puerta a acciones judiciales si no se rectifica con prontitud. Lo que está en juego trasciende los datos puntuales. Este episodio revela una pugna más profunda por el control del relato público en Colombia. De un lado, un medio tradicional con enorme alcance y poder; del otro, una plataforma digital que ha construido su reputación sobre investigaciones independientes y modelos alternativos de financiación.

La acusación de “venganza informativa” lanzada por La Silla Vacía apunta directamente a la credibilidad de Semana, sugiriendo que su publicación no responde a criterios periodísticos sino a intereses económicos y políticos afectados por investigaciones previas.

La postura de Juanita León ha sido interpretada por algunos sectores como un acto de defensa del periodismo independiente frente a presiones de grandes conglomerados. Para otros, se trata de un episodio más en la creciente polarización mediática del país, donde las fronteras entre información, opinión e intereses se vuelven cada vez más difusas.