JEP entregó los primeros 60 decretos de amnistías a firmantes del Acuerdo Final de Paz

Para estas personas, la amnistía representa una segunda oportunidad para reincorporarse a la vida civil sin temores y acceder a mejores opciones de empleo. De las 25 iniciativas TOAR presentadas en Putumayo, 22 ya han sido certificadas por la JEP. En esta jornada se entregaron 61 reconocimientos individuales a firmantes que participaron en estos Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador – Restaurador.

La Sala de Amnistía e Indulto (SAI) de la JEP entregó 60 decretos de amnistía y verificó el avance de 22 proyectos restaurativos, durante una jornada de trabajo pedagógico con la población firmante de paz en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Heiler Mosquera, ubicado en la vereda La Carmelita, en Puerto Asís (Putumayo).

Esta visita hace parte de la estrategia pedagógica y dialógica de la JEP para garantizar la seguridad jurídica de los excombatientes, promover su reincorporación y fortalecer los procesos de reparación a las víctimas.

A través de estos encuentros en distintos AETCR, la sala busca fortalecer el vínculo con las comunidades firmantes y ofrecer orientación sobre su situación jurídica. Además, la magistratura aprovecha estos espacios para brindar información detallada sobre los alcances de la amnistía, los requisitos para acceder a ella y las garantías de seguridad durante su tránsito hacia la vida civil.

El equipo de la JEP, liderado por las magistradas Marcela Giraldo y Diana Vega, y el magistrado Juan José Cantillo Pushaina, contó con el acompañamiento de delegados de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Oficina de Monitoreo Integral, el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Comparecientes, la Oficina de Enfoques Diferenciales de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, y representantes de organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU.

En el AETCR se realizó un encuentro con firmantes del Acuerdo Final de Paz para hacer pedagogía sobre el funcionamiento de la Sala de Amnistía.

Perdón a delitos políticos

Durante la jornada también se resolvieron inquietudes sobre su participación ante la JEP, se conocieron sus iniciativas de reincorporación y las acciones que contribuyen a fortalecer el tejido social en la región. Además, más de 30 firmantes recibieron atención individual para conocer el estado de sus solicitudes y resolver inquietudes sobre su trámite ante esta sala.

En Puerto Asís, la magistrada Diana Vega explicó las tres condiciones que la SAI tiene en cuenta para conceder amnistías y libertades condicionadas: los factores personal, temporal y material.

“La amnistía es una especie de perdón por delitos políticos, como la rebelión. En el acuerdo quedó pactado entregar un certificado que simboliza que, legalmente, ya no existe persecución jurídica por este tipo de delitos”, precisó la magistrada.

Por su parte, el magistrado Juan José Cantillo Pushaina recordó que existen diversas formas de acreditar la pertenencia a un grupo armado, entre ellas la certificación expedida por la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz y las competencias que ejercen las autoridades de justicia de los pueblos indígenas. Además, enfatizó que “los crímenes de guerra que vulneren el derecho internacional humanitario no son amnistiables”.

La magistrada Marcela Giraldo les recordó que este beneficio también depende del cumplimiento del régimen de condicionalidad. “La amnistía exige verdad, reparación y garantías de no repetición”, recalcó, y reconoció el compromiso de las personas firmantes del Acuerdo de Paz en Putumayo que han desarrollado los TOAR como parte de ese proceso.

Tal es el caso de la Corporación Humanitaria Reencuentros, que cuenta con una sala dentro del AETCR dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Su objetivo es que quienes visiten el espacio puedan sumarse a los esfuerzos por localizar población civil, miembros de la fuerza pública y exintegrantes de las Farc-EP.

Esta organización, conformada por firmantes que trabajan en distintas regiones del país, ha logrado en Putumayo reunir familias separadas por el conflicto. En junio, por ejemplo, facilitó el reencuentro de una familia tras 16 años de separación, al hallar con vida a una mujer que permanecía desaparecida.

“Todos merecemos volver a encontrarnos con nuestros familiares. El conflicto dejó muchas secuelas; poder dar tranquilidad a las familias y ayudar humanitariamente es construir paz”, afirmó Claudia Meneses, integrante de Reencuentros, una organización que, por su compromiso y resultados en la búsqueda, fue nominada en 2024 al Premio Nacional de Derechos Humanos.

Otro de los proyectos restaurativos certificados en este departamento es Arando la Educación, un programa que ha graduado a cerca de 2.000 personas, entre firmantes y víctimas, consolidándose en un referente de reconciliación en Putumayo.

Esta iniciativa, financiada por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), se desarrolla desde 2017 en los AETCR. Durante su implementación, los firmantes del Acuerdo Final de Paz de este AETCR construyeron una biblioteca y una sala de cómputo abiertas al servicio de toda la comunidad.

Para volver a la paz

Estos espacios fortalecen el tejido social al permitir que víctimas y excombatientes compartan conocimientos. Durante la visita, Zoraida Jara recordó: “Cuando llegamos a este espacio, la visión era capacitarnos, porque muchos no habíamos podido estudiar, y ahora casi el 100% nos hemos graduado de bachiller junto con las comunidades”. Este TOAR se destaca por su enfoque diferencial, que incluye a mujeres, personas LGTBIQ+ y población en condición de discapacidad.

La SAI también verificó el caso del firmante de paz Freddy Miranda, quien se ha convertido en un líder de escuelas de fútbol, formando a más de 250 niños y adolescentes y gestionando su participación en certámenes deportivos de nivel nacional. Estas oportunidades les han abierto puertas para ser seleccionados en equipos del país y de Sudamérica.

Su proyecto Semilleros de Paz promueve el encuentro diverso, étnico e intergeneracional, al integrar comunidades indígenas, campesinas, raizales, firmantes de paz y miembros de la fuerza pública alrededor del deporte, todo un referente en prácticas de reconciliación.

Jimmy Lozano, líder del AETCR en Puerto Asís, explicó por qué considera que recibir el certificado de amnistía abre nuevas oportunidades: “Uno, por ser firmante, carga con estigmas; ahora, con esto, se siente libre, sin temor de mostrar la cédula, incluso para buscar empleo. Ya no habrá desconfianza, porque contamos con libertad jurídica”, dijo.

En paralelo, 11 niños y adolescentes hijos de los firmantes del Acuerdo Final de Paz ubicados en el AETCR participaron en un taller dirigido por la Oficina de Enfoques Diferenciales de la JEP mediante el cual expresaron su visión de paz e identidad a través de dibujos y reflexiones como: "Mi lugar seguro es mi casa" o "La paz es que volvamos a estar tranquilos".

Con este tipo de actividades, la JEP reafirma su compromiso con la implementación territorial del Acuerdo Final, articulando justicia restaurativa, reparación integral y diálogo directo con las comunidades.

La visita al AETCR Heiler Mosquera es ejemplo de cómo los proyectos restaurativos y las amnistías avanzan en la construcción de reconciliación en los territorios más afectados por el conflicto.