INFORME: Polémica por ley que regula encuestas electorales: encuestadoras denuncian restricciones y falta de garantías

Una fuerte controversia se ha desatado en el país tras la aprobación del Proyecto de Ley 569 de 2025, que busca regular la realización y publicación de encuestas de intención de voto y estudios de opinión política. La iniciativa, ya avalada por el Senado y la Cámara de Representantes, está ahora en espera de sanción presidencial. Sin embargo, empresas encuestadoras y expertos electorales han encendido las alarmas, alegando que esta legislación impone restricciones que limitan el ejercicio técnico, periodístico y democrático de estas mediciones. En este informe le contamos en detalle el espíritu de la norma y los argumentos de sus detractores.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

De ser sancionada por el presidente Gustavo Petro, la ley permitirá la publicación de encuestas electorales a partir del 31 de octubre de 2025, tres meses antes de la inscripción oficial de candidaturas para las presidenciales de 2026.

Además, el texto aprobado por las dos cámaras del Congreso establece que todas las encuestas deberán cumplir requisitos estrictos: el registro detallado de fuentes de financiación, metodología de muestreo, texto literal de las preguntas, fecha y lugar de recolección, márgenes de error y nivel de confianza. Además, las encuestas deberán incluir municipios con más de 800.000 habitantes o, en su defecto, los más poblados de cada región.

Los puntos anteriores, si bien ya generaban alguna molestia entre las empresas encuestadoras, se suman a uno más que colmó la copa de los medidores de opinión pues el articulado determina que en caso de incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, las encuestas serían automáticamente anuladas.

Contrario a lo que pueda parecer, la iniciativa fue promovida por senadoras de distintas colectividades, incluso opositoras habituales en otros temas legislativos, sin embargo, en este proyecto de ley hubo consenso entre la diferencia. Clara López (Pacto Histórico), Angélica Lozano (Alianza Verde) y Paloma Valencia (Centro Democrático), defendieron el articulado al asegurar que su objetivo es fortalecer la transparencia, garantizar el acceso equitativo a la información electoral y mejorar la confianza de los ciudadanos en este tipo de estudios.

“Una ley que restringe y excluye”

A pesar de las intenciones declaradas, las empresas encuestadoras han reaccionado con preocupación y rechazo. El Centro Nacional de Consultoría (CNC), uno de los principales actores del sector con más de 37 años de experiencia, calificó el proyecto como restrictivo, ambiguo y atentatorio contra derechos fundamentales.

“En un entorno saturado por la desinformación y los contenidos no regulados en redes sociales, las encuestas son la única fuente técnica y trazable de información. Esta ley, en lugar de fortalecerlas, las sofoca”, expresó el CNC en un comunicado oficial.

Una de las críticas más duras apunta al artículo cuarto del proyecto, que fija un tamaño mínimo de muestra de 2.135 encuestas presenciales a nivel nacional. Según el CNC, este requisito impone una barrera económica inalcanzable para medios regionales, universidades, independientes y pequeños centros de investigación, generando un escenario donde solo los grandes actores podrán costear estudios de opinión, restringiendo la pluralidad informativa.

Las críticas no son solo técnicas. Desde el sector encuestador también se ha advertido que la nueva ley puede vulnerar derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a ser elegido. Estos están consagrados en los artículos 20 y 40 de la Constitución Política, lo que ha llevado a expertos a cuestionar incluso la validez del trámite legislativo.

“Una norma que toca derechos fundamentales debe tramitarse como ley estatutaria, no como una ordinaria. Eso no se respetó”, advierte el CNC.

Las empresas del sector también señalan que nunca fueron consultadas ni llamadas a audiencias públicas mientras se tramitaba la iniciativa, lo que les genera preocupación sobre la legitimidad y el conocimiento técnico que sustentó el articulado. En particular, cuestionan artículos que obligan a incluir candidatos con “alto reconocimiento público”, sin ofrecer herramientas previas para determinar a quiénes se refiere esa categoría, especialmente antes del inicio formal de campañas.

Además, señalan como preocupante que el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) —entidad que estaría a cargo de crear la Comisión Técnica encargada de supervisar las encuestas— también sea quien regule, vigile y eventualmente sancione, lo que puede generar conflicto de intereses y dudas sobre la neutralidad del control.

MOE advierte sobre impacto en el derecho a la información

La Misión de Observación Electoral (MOE) también expresó reservas sobre la nueva legislación. Su directora, Alejandra Barrios, afirmó que, si bien es cierto que las encuestas influyen en la opinión pública, no es adecuado restringir el acceso a la información técnica y verificada, sobre todo en un contexto electoral.

“Las encuestas deben regularse, pero no censurarse. Necesitamos información transparente, no un apagón estadístico que limite el debate democrático”, sostuvo Barrios.

Para los críticos, esta ley marca un punto de quiebre en el funcionamiento de los procesos electorales en Colombia. Transforma la manera en que se mide y comunica la opinión pública, justo en un momento en que los ciudadanos enfrentan un ecosistema digital lleno de rumores, cadenas de WhatsApp y videos virales sin sustento técnico. Limitar las encuestas, dicen, no significa mejorar la calidad de la información, sino abrir la puerta a mayor desinformación.

Mientras tanto, la decisión final está en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá definir si sanciona o no esta ley. Su firma activaría una nueva era en el control sobre la medición de la opinión política en el país, pero también podría desatar una ola de acciones legales por parte de empresas y organizaciones que consideran que se están cercenando derechos esenciales en democracia.