Informalidad en Santander persiste como una problemática estructural

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos en el mercado laboral, lo que refleja dificultades para la autonomía económica y la equidad de género en el país, afectando de manera particular a las mujeres. Así lo ratifica el estudio “Empleo informal en mujeres: un desafío persistente en Santander”, elaborado por el Observatorio de Mujeres, Equidad de Género y Sociedad (OMEGS) de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en alianza con la Gobernación de Santander.

Por Luisa Fernanda Ruiz

De acuerdo con el informe, la persistente informalidad laboral en ellas refleja las desigualdades estructurales que atraviesan el mercado de trabajo regional. Muchas trabajan sin estar afiliadas al sistema de seguridad social, sin cotizar para pensión ni contar con acceso a servicios de salud o licencias laborales.

Según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, durante el trimestre junio-agosto de 2025, de cada 100 mujeres trabajando, más de 51 eran informales, es decir, no cotizaban a salud y pensión. Esta situación se presenta principalmente en actividades como el trabajo doméstico, el comercio ambulante y los emprendimientos por cuenta propia, donde predominan condiciones precarias y sin protección social.

Informalidad por géneros

Si bien la informalidad afecta tanto a mujeres como a hombres, permanecen brechas significativas entre géneros. Entre 2021 y 2024 se registra un aumento de la informalidad femenina; mientras en 2021 la informalidad masculina era del 63,6 % y la femenina del 51,9 %, para 2024 las tasas se acercaron al 58,0 % y 54,5 %, respectivamente. Esta reducción de la brecha no responde a una mejora estructural, sino a una mayor incorporación de las mujeres en el sector informal, donde persisten desigualdades en calidad, estabilidad y remuneración del empleo.

No obstante, las mujeres tienen empleos más formales (45,5%) frente a los hombres (42%). Según el informe, si bien es cierto que estas cifras muestran que las mujeres logran insertarse en mayor medida en espacios formales, también enfrentan mayores barreras estructurales, como la sobrecarga de trabajo no remunerado, la segmentación ocupacional y la precarización en sectores feminizados, posiblemente por su concentración en actividades administrativas, educativas o de servicios sociales, reveló la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en un estudio publicado en 2024.

“La alta informalidad en ambos sexos refleja una problemática estructural del mercado laboral regional que limita el acceso a derechos laborales, protección social y estabilidad económica, afectando de manera diferenciada a las mujeres por las desigualdades de género preexistentes”, advierte el OMEGS.

En el campo el panorama no es diferente. Según el Observatorio, mientras en el área urbana las tasas de informalidad son similares entre mujeres (49,7%) y hombres (48,8%), en las zonas rurales ambas se elevan considerablemente, alcanzando 85,4% en mujeres y 84,4% en hombres.

“Este contraste muestra que las mujeres rurales enfrentan una doble desventaja. Por un lado, las condiciones estructurales del trabajo en el campo, y por otro, las brechas de género que limitan su acceso a empleos formales, protección social y autonomía económica. Reducir estas desigualdades requiere políticas públicas con enfoque territorial y de género que fortalezcan la formalización, el acceso a recursos productivos y la corresponsabilidad en los cuidados”, dice el informe de la UIS.

De acuerdo con el estudio Brecha de género en el sector informal en Colombia de la Universidad de Los Andes de Sylvia Ávila Sguerra, una de las razones por las que muchas mujeres optan por el trabajo informal es la flexibilidad horaria que este les brinda, lo que les permite compatibilizar sus responsabilidades laborales con las tareas domésticas y familiares.

“Se ha encontrado que las mujeres en la economía informal tienden a dedicarse a actividades económicas a menor escala que los hombres, y a trabajar en industrias relacionadas con la comida o las tareas domésticas”, dice la experta.

Más estudio, más oportunidades

Por rangos de edades, durante la etapa de mayor productividad femenina, entre los 29 y 59 años, el 66,3% de ellas tienen empleos en condiciones informales; por su parte, el 21,9 % de las jóvenes entre los 15 y 28 años tienen este tipo de trabajo, en parte por la falta de experiencia, redes laborales o capital educativo. Finalmente, el 11,8% de mujeres mayores de 60 años o más que continúan trabajando refleja una vulnerabilidad económica asociada a la ausencia de pensión o ahorro suficiente.

“Este dato evidencia la persistencia de barreras estructurales de género, como la sobrecarga de tareas de cuidado no remunerado y la segmentación ocupacional, que limitan el acceso de las mujeres a empleos formales y con protección social”, precisa el OMEGS.

El nivel educativo es un factor determinante. Más de la mitad de las mujeres en ocupación informal (53,8 %) cuenta con educación media y solo el 18,4 % con educación superior. En contraste, en el empleo formal el 64 % de las mujeres tiene formación universitaria, lo que confirma la estrecha relación entre educación y acceso a trabajos con mejores condiciones. Desde una perspectiva de género, el OMEGS subraya que las desigualdades en el acceso y permanencia en la educación limitan las oportunidades laborales formales, en contravía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad), 5 (Igualdad de género) y 8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

Según el Observatorio, es necesario fortalecer la implementación de estrategias integrales orientadas a la formalización laboral con enfoque de género, en el marco de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Santander.

Estas estrategias deben promover la generación de empleo digno, el acceso a seguridad social y la capacitación para el emprendimiento formal, especialmente en las zonas rurales y entre mujeres de bajos ingresos.

Así mismo, recomienda impulsar la articulación interinstitucional entre las entidades del sector productivo y educativo, y los gobiernos locales, con el fin de consolidar programas de formación, certificación de competencias y acceso al crédito que permitan fortalecer la inclusión productiva femenina. 

“Resulta prioritario incorporar el enfoque de corresponsabilidad social del cuidado en las políticas de empleo y desarrollo económico del departamento. Avanzar hacia una redistribución equitativa del trabajo de cuidados contribuirá a liberar tiempo y oportunidades para la inserción laboral formal de las mujeres. Es importante considerar que, solo mediante acciones sostenidas, basadas en la evidencia y alineadas con los objetivos del PIO 2020–2029, será posible reducir las brechas de informalidad, garantizar el trabajo decente y consolidar una economía santandereana más inclusiva y equitativa para todas las mujeres”, afirma el informe del OMEGS.