Hoy hace 36 años ocurrió el magnicidio contra Bernardo Jaramillo Ossa

La historia reciente de Colombia tiene fechas que no se borran: quedan suspendidas como cicatrices en el calendario. El 22 de marzo de 1990 es una de ellas. Ese día fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, en un crimen que condensó la violencia política sistemática contra proyectos alternativos en el país.

Bernardo Jaramillo Ossa, abogado y dirigente político nacido en Antioquia, se convirtió en una de las voces más visibles de la Unión Patriótica tras el asesinato de su antecesor, Jaime Pardo Leal, en 1987. Su candidatura presidencial para 1990 representaba un intento de consolidar una alternativa democrática de izquierda en medio de un país atravesado por el conflicto armado.

A diferencia de otros liderazgos de la época, Jaramillo buscaba marcar distancia con la lucha armada y apostaba por una salida política negociada. Su discurso giraba en torno a la defensa de los derechos humanos, la apertura democrática y la necesidad de frenar el exterminio de su movimiento, que ya para entonces acumulaba cientos de militantes asesinados.

El crimen en el aeropuerto

El asesinato ocurrió en el puente aéreo de Bogotá, dentro del aeropuerto El Dorado. Jaramillo se disponía a tomar un vuelo hacia Barranquilla cuando un sicario, un menor de edad vinculado a estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo, le disparó a quemarropa.

El ataque, perpetrado en un lugar público y bajo aparente vigilancia, evidenció la vulnerabilidad extrema en la que se encontraban los líderes políticos de la época. Detrás del crimen, investigaciones judiciales y reconstrucciones históricas han señalado la participación de estructuras criminales ligadas al narcotráfico, en particular redes asociadas a Fidel Castaño, en coordinación con sectores que veían en la Unión Patriótica una amenaza política.

El asesinato de Jaramillo no fue un hecho aislado. Formó parte de lo que posteriormente sería reconocido como el exterminio de la Unión Patriótica: miles de militantes, concejales, alcaldes, congresistas y dos candidatos presidenciales asesinados en una campaña sistemática de violencia.

Campaña bajo fuego

Apenas un mes después, el 26 de abril de 1990, la violencia volvió a golpear el proceso democrático con el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, líder del recién desmovilizado Movimiento 19 de Abril. Pizarro fue atacado dentro de un avión comercial en pleno vuelo, en otro episodio que dejó al descubierto la fragilidad de la transición de la guerra a la legalidad.

Ambos crímenes ocurrieron en un contexto en el que Colombia intentaba abrir espacios políticos a actores distintos de los partidos tradicionales, mientras enfrentaba la presión simultánea del narcotráfico, los grupos armados ilegales y sectores que se resistían a cualquier transformación del sistema.

La huella de una violencia sistemática

El asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa cerró, en la práctica, una posibilidad de participación política para amplios sectores de izquierda. La eliminación física de sus líderes generó un efecto de miedo colectivo que limitó la competencia democrática y profundizó la desconfianza en las instituciones.

Décadas después, instancias judiciales nacionales e internacionales han reconocido que lo ocurrido con la Unión Patriótica constituyó un patrón sistemático de persecución política. No se trató de hechos aislados, sino de una estrategia de eliminación.

Entender estos episodios no es un ejercicio de nostalgia histórica. Es una clave para descifrar el presente. En esas muertes se incubaron muchas de las tensiones que aún atraviesan al país: la fragilidad de la democracia en contextos de violencia, el costo de abrir espacios políticos y el peso de la impunidad.

En 1990, Colombia no solo perdió dos candidatos presidenciales. Perdió, también, una oportunidad de tramitar sus diferencias sin balas. Y esa ausencia todavía resuena.