Histórica condena contra Salvatore Mancuso por crímenes paramilitares en territorios wayúu
Resumen
La Sala de Justicia y Paz condenó a Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, por 117 delitos contra comunidades wayúu en La Guajira. La sentencia destaca la violencia sistemática usada para dominar corredores estratégicos y la grave afectación a las dinámicas wayúu.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla profirió una sentencia condenatoria contra Salvatore Mancuso Gómez, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras hallarlo responsable de 117 delitos cometidos contra comunidades indígenas wayúu y otros pobladores del departamento de La Guajira. La decisión judicial documenta un patrón sistemático de violencia ocurrido entre los años 2002 y 2006, periodo en el que se intensificó la expansión del accionar paramilitar en esta región del país.
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, los crímenes fueron ejecutados por integrantes del Frente Contrainsurgencia Wayúu, estructura armada adscrita al Bloque Norte de las AUC, bajo directrices impartidas por Mancuso Gómez y otros máximos cabecillas de la organización. Las acciones criminales incluyeron homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, violencia sexual, amenazas y ataques contra bienes culturales y territoriales de especial significado para los pueblos indígenas.
La Fiscalía General de la Nación logró demostrar que estas conductas no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia de control territorial y sometimiento de la población civil, orientada a garantizar el dominio armado sobre corredores estratégicos y economías ilegales en La Guajira. En particular, la sentencia resalta el impacto desproporcionado que tuvo la violencia sobre el pueblo wayúu, cuyas dinámicas sociales, culturales y económicas se vieron gravemente afectadas.
El fallo reconoce, además, la afectación colectiva a las comunidades indígenas, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino por el desarraigo forzado, la ruptura de sus prácticas ancestrales y el daño a sitios de valor cultural y espiritual. Estos elementos fueron considerados agravantes dentro del análisis de responsabilidad penal del exjefe paramilitar.
Con esta decisión, la Sala de Justicia y Paz reafirma el compromiso del Estado con el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. La sentencia contra Mancuso constituye un precedente relevante en el reconocimiento de los crímenes cometidos contra pueblos indígenas y en la visibilización del impacto diferencial que tuvo el paramilitarismo en estos territorios.
Finalmente, el tribunal reiteró la obligación de continuar avanzando en medidas de reparación colectiva y garantías de no repetición para las comunidades afectadas, como parte fundamental del proceso de justicia transicional en Colombia.
