Gobierno retira proyecto que endurecía sanciones contra plataformas de transporte

El Gobierno nacional dio marcha atrás y retiró el proyecto de ley con el que buscaba imponer sanciones económicas más severas a las plataformas digitales de transporte, una iniciativa que había sido radicada el pasado 20 de enero por el Ministerio de Transporte y que desató una oleada de críticas y preocupación entre conductores, propietarios de vehículos y usuarios de estas aplicaciones.

La propuesta, que en su momento fue interpretada por distintos sectores como un intento de prohibición indirecta de las plataformas, planteaba multas y medidas restrictivas que ponían en riesgo la continuidad del servicio y el sustento de miles de personas que hoy dependen de este modelo de trabajo. La presión social y política llevó al Ejecutivo a reconsiderar la iniciativa y declararla improcedente en su forma original.

Desde el Congreso, la decisión fue recibida con alivio. Varios legisladores calificaron el proyecto retirado como injusto y desproporcionado, al advertir que no había mediado un proceso amplio de concertación con los actores involucrados. Incluso se recordó que parte del gremio de taxistas también hace uso de plataformas digitales, lo que evidenció la necesidad de un enfoque más realista frente a la transformación del transporte urbano.

El representante a la Cámara por Boyacá, Pedro Suárez, del Pacto Histórico, sostuvo que el debate no debe centrarse en prohibir, sino en regular y ordenar el funcionamiento de estas aplicaciones. Según el congresista, el reto es construir un marco equitativo que no vulnere el derecho al trabajo ni desconozca la realidad de miles de ciudadanos que encontraron en las plataformas una fuente de ingresos.

“El camino no es la sanción extrema ni la eliminación del servicio, sino un ajuste normativo concertado entre el transporte público tradicional y el privado”, señaló Suárez, al respaldar el retiro del proyecto como una decisión acertada.

Por su parte, el Gobierno anunció que reformulará la iniciativa y que presentará un nuevo proyecto ante el Congreso en el transcurso del presente semestre. El objetivo, según explicó, será establecer reglas claras para la operación de las plataformas digitales, garantizando condiciones de competencia justa y seguridad para los usuarios, sin afectar a las familias que dependen de esta actividad en todo el país.

Con este reversazo, el Ejecutivo reconoce la complejidad del debate sobre el transporte digital en Colombia y abre la puerta a una discusión legislativa más amplia, en un escenario donde la tecnología ya se convirtió en una pieza estructural de la movilidad y del empleo urbano