EL FRENTE indagó al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, sobre el fallo judicial emitido por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga mediante el cual se le impuso una cuantiosa multa, dentro de un incidente de desacato a una orden judicial, decisión en la cual se le ordenó a él como jefe del gobierno departamental la construcción de un puente sobre el río Sogamoso, proyecto que conectaría a los municipios de Mogotes y Molagavita, pero que cuyo costo sobrepasa el presupuesto de la Gobernación.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El centro de gravedad del caso es la situación humanamente intolerable que viven los habitantes de las veredas Palmas de Felisco (Mogotes) y Lagunitas (Molagavita). Para llegar a la escuela, los estudiantes deben trepar a una canasta metálica artesanal suspendida por un cable grueso, sin sistema de freno, sin arnés y sin supervisión técnica permanente. Una práctica tan habitual en zonas rurales como peligrosa, usada ante la ausencia absoluta de provisión estatal de infraestructura.

Un error, una roldana defectuosa o una crecida súbita del Chicamocha puede convertir el cruce en una tragedia. Ese riesgo, advirtió el juzgado, es intolerable para un Estado que reconoce especial protección a los niños.

El mandatario departamental si bien reconoció la urgencia de mejorar la movilidad y garantizar el acceso seguro para las familias y estudiantes de la zona, reiteró que la Gobernación no cuenta con los recursos necesarios para ejecutar la obra, cuyo costo asciende a 13 mil millones de pesos, según los estudios y diseños técnicos ya realizados.

“Hay una orden del juez de construir un puente que vale 13 mil millones de pesos. La Gobernación de Santander no los tiene, y nadie está obligado a lo imposible”, afirmó Díaz Mateus en conversación con EL FRENTE, al tiempo que recordó que el caso inició hace tres años, cuando un juez ordenó garantizar el paso seguro para seis estudiantes que cruzaban el río para llegar al colegio.

Según el gobernador, la administración departamental cumplió con las órdenes impartidas en ese momento, entre ellas implementar clases virtuales para los menores afectados y facilitar soluciones alternas para garantizar la continuidad educativa.

El gobernador también relató que desde su llegada al cargo se involucró en las gestiones para avanzar en los estudios y diseños del puente, incluso aportando de forma directa recursos cuando diferentes entidades discutían cómo financiar los estudios iniciales por 150 millones de pesos, estudios que determinaron que la obra hoy tendría un valor total de 13 mil millones de pesos.

Así es el proceso

El fallo, fechado el 27 de noviembre de 2025, resuelve un extenso incidente de desacato promovido dentro de una acción popular interpuesta por el ciudadano Marco Antonio Velásquez, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el senador Fabián Díaz Plata y la comunidad afectada.

El desacato tiene relación directa con un fallo judicial proferido en diciembre de 2023, cuando el despacho ordenó a varias entidades (Gobernación de Santander, Invías, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), alcaldías de Mogotes y Molagavita) implementar en 48 horas un plan de contingencia para reemplazar la tarabita artesanal por una estructura temporal segura.

El objetivo principal era reducir la exposición diaria al riesgo extremo que enfrentan niños, adultos y docentes de la Institución Educativa Lagunitas, quienes deben cruzar el río suspendidos en una canasta metálica artesanal, movida por poleas y cables oxidados.

En ese entonces, el auto también ordenó realizar mantenimiento cada 15 días al rudimentario sistema de cable halado, capacitar a las familias en el uso seguro de la tarabita, y garantizar, en 48 horas, la educación virtual transitoria de los seis o más estudiantes que arriesgan su vida cada mañana para llegar a clase, mientras que se realizaban los contactos pertinentes con el Ejército Nacional para la construcción de la estructura provisional.

Pese a que el fallo nuevamente fue confirmado en el 2024, poco o nada se ha hecho para remediar la problemática. En una resolución minuciosa, el despacho judicial repasó más de un año de actuaciones, requerimientos, mesas técnicas, visitas al terreno e intercambios de oficios en los que quedaron en evidencia que la Gobernación de Santander no dispuso oportunamente recursos, ni contrató obra temporal, ni ejecutó las medidas urgentes ordenadas.

Ante esto, el despacho concluyó que se configuró desacato grave, por incumplimiento injustificado de órdenes específicas, reiteradas y ratificadas por un tribunal superior, que en resumidas cuentas pretende obligar al mandatario departamental a que ejecute todas las gestiones pertinentes para materializar la obra, un puente que según los estudios previos tiene un costo de 13 mil millones de pesos.

“No falta voluntad, falta plata”

Sin embargo, con el costo total ya definido, insistió en que la Gobernación solo podría aportar alrededor de mil millones de pesos, cifra muy inferior al presupuesto requerido para la obra. “Nos toca mirar cómo el Gobierno Nacional pone los recursos. Nosotros siempre hemos estado prestos a hacer lo que nos corresponde”, aseguró Díaz Mateus.

¿En qué va el caso? Durante la conversación con EL FRENTE, el mandatario departamental Díaz Mateus informó que recientemente se realizó una reunión con representantes del Gobierno Nacional, quienes habrían expresado su disposición para asumir la mayor parte del costo del puente.

“Ellos van a sacar los recursos; ellos los tienen. La Gobernación aportaría lo que pueda, cerca de mil millones de pesos, y el Gobierno Nacional pondría 12 mil millones si se puede construir el puente”, indicó.

Mientras avanza la apelación del fallo judicial, la Gobernación espera que el Gobierno Nacional confirme la asignación de los recursos necesarios para iniciar la construcción del puente, considerado una solución definitiva para las comunidades rurales de Mogotes y Molagavita.

La situación en Mogotes y Molagavita no es un hecho aislado: decenas de comunidades rurales en Santander y en todo el país dependen de tarabitas, cables aéreos improvisados, puentes colgantes deteriorados o pasos artesanales para alcanzar escuelas, centros de salud y mercados.