Girón: Investigarán a un agente de tránsito por irregularidades en la imposición de comparendos

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Dirección de Tránsito y Transporte de Girón, Santander, tras recibir una queja por presuntas irregularidades en el trámite de comparendos. La actuación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que busca verificar conductas atribuidas a servidores públicos durante la vigencia 2025 y establecer si configuran faltas disciplinarias.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

De acuerdo con el ente de control, la queja advierte sobre comportamientos inadecuados de un agente de tránsito que, al parecer, habría indicado a ciudadanos un procedimiento presuntamente irregular para el pago de infracciones. Por ello, la Procuraduría solicitó pruebas pertinentes para identificar a los posibles responsables y corroborar los hechos denunciados.

La decisión de la Procuraduría se produce luego de señalamientos públicos cada vez más graves sobre el funcionamiento de la Dirección de Tránsito en Girón, y quien estaría actuando de manera irregular sin haber sido advertido por sus jefes inmediatos, quienes desconocerían los presuntos irregulares comportamientos de esta persona, quien habría incurrido en la imposición arbitraria de comparendos, conflictos de interés y presuntas coimas para reducir o eliminar sanciones, a través de una empresa privada que ofrecería “soluciones” a cambio de pagos adicionales.

Los cuestionamientos fueron elevados por Carlos Parra, exconcejal de Bucaramanga y candidato a la Cámara, y Cristian Avendaño, representante a la Cámara y aspirante al Senado, quienes aseguran haber documentado un esquema sistemático: el agente en cuestión impone comparendos y luego remite a los ciudadanos a esta oficina en la cual se prometen descuentos o anulaciones, sin cumplir los procedimientos legales.

Las denuncias no se han limitado al ámbito administrativo. Parra y Avendaño sostienen que, tras exponer el caso y acudir a los lugares donde operarían las empresas señaladas, fueron intimidados y amenazados durante actividades públicas en Girón. Según su relato, se presentaron gritos, agresiones verbales y amenazas, generando un ambiente de riesgo para ellos y para la ciudadanía.

“Ejercer control político y veeduría ciudadana no puede convertirse en una sentencia de intimidación”, señalaron, al advertir que los hechos ocurren en un contexto de presiones y posibles retaliaciones contra quienes denuncian.

Testimonios ciudadanos y denuncias aún más graves

Tras la exposición del caso, los denunciantes afirman haber recibido numerosos testimonios que describen un patrón de abuso de autoridad, maltrato y exigencias indebidas para “arreglar” sanciones. Algunos relatos incluyen presuntas solicitudes de favores sexuales a cambio de beneficios en comparendos, hechos que, de confirmarse, podrían configurar delitos penales además de faltas disciplinarias gravísimas.

Ante la gravedad del panorama, los denunciantes solicitaron la intervención de la Superintendencia de Transporte, explicaciones de la Alcaldía de Girón y la actuación decidida de los órganos de control y la justicia. “En una democracia, las denuncias se responden con pruebas y justicia, no con intimidación”, insistieron.

Con la indagación preliminar ya en curso, la expectativa está puesta en que la Procuraduría avance con rigor para esclarecer responsabilidades. En Girón, el tránsito se convirtió en el centro de una tormenta institucional donde el silencio oficial ya no es opción. La investigación dirá si las denuncias se traducen en sanciones y correctivos que devuelvan legalidad y confianza a una autoridad clave para la vida cotidiana de los ciudadanos.