Fundaciones del Adulto Mayor en Crisis por falta de recursos
Resumen
Las fundaciones que atienden a adultos mayores en Bucaramanga enfrentan una crisis financiera por la falta de subsidios del Gobierno, esenciales para su operatividad. Fundaciones como Luz de Esperanza dependen ahora de donaciones y préstamos para funcionar.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Gobierno nacional no ha girado los subsidios institucionalizados
Esa demora se califica como negligencia institucional y exigió la reactivación inmediata de los giros para evitar el colapso de las fundaciones, únicas redes de apoyo para miles de personas mayores.
Las fundaciones que atienden a adultos mayores en Bucaramanga enfrentan una crisis de liquidez tras la suspensión completa de los subsidios estatales en 2025. El Gobierno Nacional no ha transferido ni un solo peso de los $80.000 mensuales por adulto mayor institucionalizado, un aporte que resultaba vital para el funcionamiento de estos centros.
Ángel Quiñonez, director de la Fundación Hogar Luz de Esperanza de Bucaramanga y presidente de la Asociación Santandereana de Centros de Atención y Protección al Adulto Mayor, denunció que las transferencias se redujeron drásticamente desde 2022.
“Ese año recibimos pagos durante ocho meses; en 2023, solo seis; en 2024, apenas dos; y en 2025 no han girado nada hasta la fecha”. Según sus cálculos, esa omisión deja a su fundación con más de $100 millones de aportes atrasados.
Tutelas zona adversas
La Fundación Luz de Esperanza alberga a 257 adultos mayores: 147 residentes permanentes y 110 usuarios diurnos. El 70 % de los residentes padece discapacidades o requiere atención médica continua. El costo mensual por cada persona oscila entre $2.000.000 y $2.500.000, sumas que deben cubrirse con donaciones privadas y préstamos.
En Santander existen 60 centros de protección con 3.980 adultos mayores institucionalizados, de los cuales 980 están en Bucaramanga, y otros 15.000 reciben cuidados externos.
A nivel nacional, esa cifra supera los 50.000 beneficiarios. La ausencia de recursos obligó a recortar servicios esenciales, limitar horarios de atención y dejar facturas sin pagar.
La Asociación Santandereana presentó acciones de tutela y de cumplimiento ante tribunales, pero los fallos han sido adversos. El Gobierno argumenta “actualizaciones de datos y encuestas”, sin fijar plazos para nuevos convenios.
