FODECOL: la anatomía de un fondo mixto y el rastro del poder detrás de su conformación en Santander

FODECOL, más que un fondo mixto, se ha convertido en un símbolo de la tensión entre legalidad y la ilegitimidad. En el centro del debate, el apellido Díaz-Mateus aparece reiteradamente vinculado, directa o indirectamente, a empresas, representantes legales y decisiones estratégicas. La pregunta que hoy recorre Santander no es solo si FODECOL es legal, sino para quién fue diseñado, quién lo controla realmente y quién termina pagando el costo, porque, como advierten los denunciantes, cada peso que circula por estos fondos no es abstracto: sale del bolsillo de los ciudadanos y en la mayoría de las ocasiones la estructuración empresaria de estos fondos termina generando espacios diminutos para que los recursos en grandes cantidades terminen en el bolsillo de personajes altamente cuestionados.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En Santander, la figura jurídica de los fondos mixtos ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un tema de debate público. El caso del Fondo de Desarrollo de Colombia (FODECOL) se ha instalado en el centro de la controversia por el volumen de recursos que estaría llamado a ejecutar y por los actores políticos y empresariales que, según múltiples denuncias, habrían estado detrás de su conformación.

FODECOL fue presentado ante el municipio de Capitanejo como un instrumento para agilizar la contratación y promover el desarrollo local. Sin embargo, voces ciudadanas, veedores y dirigentes políticos sostienen que su verdadero propósito habría sido otro: convertirse en un eje departamental de contratación, manejando cifras que superan ampliamente su capital inicial.

El veedor ciudadano e influéncer Alejandro Villanueva, el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño (hoy candidato al Senado), y el exconcejal bumangués Carlos Parra (hoy candidato a la Cámara por Santander) son quienes en su gran mayoría han develado públicamente el trasfondo de la estrategia que hay detrás de la conformación de fondos mixtos como un mecanismo que implementan altos funcionarios municipales, departamentales y nacionales para eludir los rigores de la normatividad de la contratación pública en Colombia.

En sus hallazgos, pavorosos cuando menos, el fondo habría sido constituido con un capital cercano a los 25 millones de pesos, de los cuales el municipio de Capitanejo aportó aproximadamente 13 millones, y pese a su escualidad financiera, FODECOL estaría proyectado para administrar contratos por más de 114 mil millones de pesos.

Para los críticos, esta desproporción no es un detalle menor, sino el primer síntoma de un diseño institucional pensado para sacar recursos públicos del régimen estricto de la Ley 80 de contratación y trasladarlos a un esquema con menor control y mayor discrecionalidad.

Fondos mixtos: legales pero peligrosos

Parra y Avendaño coinciden en un punto clave: los fondos mixtos no son ilegales per se. Existen desde hace décadas y han sido utilizados por distintas administraciones. El problema, afirman, surge cuando estas figuras se usan para eludir los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

“Es como tener dos bolsillos. Uno vigilado por la Ley 80, y otro donde se puede contratar a dedo. Lo que hacen los fondos mixtos es pasar la plata del bolsillo vigilado al que casi nadie puede revisar”.

En ese contexto, FODECOL aparece descrito por sus detractores como un gran contratadero, diseñado no para resolver necesidades puntuales de un municipio, sino para centralizar y redistribuir millonarios contratos departamentales.

Uno de los ejes más sensibles de las denuncias gira alrededor de la familia de Luis Eduardo  Díaz-Mateus, un apellido con peso político en Santander. Según las investigaciones ciudadanas divulgadas públicamente, los hermanos Díaz-Mateus no solo habrían tenido incidencia política en la creación de FODECOL, sino que además personas de su entorno familiar y empresarial aparecen vinculadas a empresas socias del fondo.

La lupa se posa especialmente sobre D&C Ingenieros Contratistas S.A., una empresa señalada como parte del engranaje societario que dio origen a FODECOL.

De acuerdo con la información revelada D&C Ingenieros Contratistas S.A. habría sido fundada bajo el nombre Díaz & Contreras Ingenieros Contratistas S.A. La letra “D” correspondería a Díaz, específicamente a Luis Díaz, hijo de Luis Eduardo Díaz-Mateus mientras que la letra “C” correspondería a Contreras, en referencia a Carol Contreras, esposa de Luis Díaz Mateus, dama que figuró como representante legal y fundadora de la empresa.

Estas coincidencias familiares, sostienen los denunciantes, no serían fortuitas, sino parte de una estrategia empresarial diseñada para operar bajo el amparo del poder político nacional.

Y ojo a esto: antes de la creación de FODECOL, D&C Ingenieros Contratistas ya habría acumulado contratos por más de 3.000 millones de pesos con distintas entidades y figuras similares: Foncolombia, otro fondo mixto, y Finverbaz, también fondo mixto con antecedentes en contratación en municipios como Guavatá, Vélez, Charta, Betulia, El Peñón y Jesús María.

Para los veedores, este historial refuerza la hipótesis de que no se trata de una empresa emergente, sino de un actor recurrente en esquemas de contratación flexible, con acceso privilegiado a recursos públicos.

El cambio de nombre y los movimientos clave

Uno de los episodios que más interrogantes genera ocurre en 2024, justo cuando se preparaba la creación de FODECOL. Según las denuncias “la empresa cambia misteriosamente su nombre, eliminando la referencia directa a “Díaz-Contreras” y quedando únicamente como Ingenieros Contratistas S.A. y es en ese momento cuando Carol Contreras sale de la representación legal. En su lugar aparece César Augusto Arenas, señalado como antiguo contratista de Luis Eduardo Díaz-Mateus durante su presidencia en la Asamblea Departamental.

Posteriormente, Arenas también habría salido de FODECOL en agosto de 2025, dando paso a Estefany García Guerrero, quien, según los denunciantes, figura igualmente en documentos relacionados con Finberpass, otro fondo mixto.

Para los críticos, esta sucesión de cambios no responde a dinámicas normales del mercado, sino a movimientos calculados para diluir rastros familiares directos y reducir la visibilidad del parentesco político.

Uno de los aspectos más polémicos es el uso del municipio de Capitanejo como plataforma jurídica para la creación del fondo. Según los testimonios, el municipio habría sido instrumentalizado para dar forma legal a un esquema de contratación de alcance departamental.

“Manosearon a Capitanejo”, afirman los denunciantes. “Usaron su personería jurídica para amarrar contratos que nada tienen que ver con el interés local”. Incluso se denuncia que el acta de constitución del fondo sería anterior al acuerdo municipal que autorizaba su creación, lo que, de comprobarse, implicaría graves irregularidades administrativas.

Antecedentes nacionales y alertas ignoradas

Las críticas a FODECOL no se producen en el vacío. Informes de la Contraloría General y del Sistema General de Regalías han documentado, en otros departamentos, huecos fiscales superiores a 4 billones de pesos y decenas de obras inconclusas asociadas a la contratación mediante fondos mixtos.

Para los denunciantes, el caso de Santander repite un libreto ya conocido: figuras legales, capitales mínimos, contratos gigantescos y actores políticos detrás del telón.

Los promotores de la veeduría Villanueva-Avendaño-Parra aseguran haber demandado la creación del fondo, convencidos de que su diseño vulnera principios esenciales de la administración pública. Para los críticos, la legalidad formal no exonera la responsabilidad política y ética.