Fiscalía impone medidas cautelares a 23 bienes por caso Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación ordenó la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que estarían vinculados al patrimonio de personas presuntamente involucradas en las irregularidades del contrato de conectividad rural conocido como el caso Centros Poblados.

De acuerdo con el ente acusador, los bienes afectados superan un valor estimado de 65.900 millones de pesos y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios. Estos inmuebles se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.

Las investigaciones señalan que dichas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de actuaciones irregulares relacionadas con el contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objetivo era llevar conexión a internet a escuelas rurales del país.

Entre los presuntos propietarios de los bienes figuran Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres, así como algunos de sus familiares. Según los elementos probatorios recopilados, parte de los recursos utilizados para la adquisición de los bienes provendrían del anticipo entregado de manera irregular a la Unión Temporal.

Adicionalmente, la Fiscalía informó que, en cumplimiento de decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, se impuso una medida cautelar sobre un inmueble perteneciente a la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

Las medidas fueron adoptadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y tienen un carácter exclusivamente jurídico. Su finalidad es proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en el proyecto, que contemplaba la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.

La Fiscalía explicó que la investigación permitió establecer la presunta mezcla de bienes de origen lícito con recursos ilícitos, así como el uso de las sociedades integrantes de la Unión Temporal como mecanismo para la ejecución de las irregularidades detectadas en el proceso contractual.

Estas fueron las declaraciones del Director Especializado de Extinción del derecho de Dominio Dr.José Iván Caro Gómez: