Fiscalía de la CPI reconoce avances del Gobierno y la en la implementación del Acuerdo Final de Paz

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reconoció los avances del modelo de Justicia Transicional Restaurativa que implementa Colombia en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016, orientado a investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves perpetrados durante el conflicto armado.

El respaldo fue expresado al cierre de la novena sesión ordinaria de la Instancia de Articulación (Insart) entre el Gobierno nacional, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En este espacio, los delegados de la CPI conocieron los principales logros del trabajo conjunto entre la JEP y las entidades que integran la Instancia de Articulación*.

Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos de la Oficina de la Fiscalía de la CPI, y Eugenia Valenzuela, oficial jurídica de la Unidad de Asuntos Externos (Complementariedad y Sociedad Civil), conocieron el contenido de las tres primeras sanciones impuestas por la JEP a máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asimismo, se abordaron los avances y desafíos en la implementación de los proyectos que deberán cumplir los comparecientes que han reconocido responsabilidad como parte de su sanción.

Los delegados de la Corte Penal Internacional ratificaron que Colombia es un referente mundial en la aplicación de justicia transicional, resaltando el carácter innovador y las contribuciones colectivas y sociales de este modelo de justicia. Durante la visita, además destacaron avances sustanciales en la calificación de conductas, la identificación de patrones macrocriminales y el juzgamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este contexto, Agar y Valenzuela señalaron que la emisión de sentencias por parte de la JEP, junto con la aceptación pública de responsabilidad por parte de los máximos responsables, constituyen señales de un progreso importante. Por otra parte, indicaron que durante su visita pudieron constatar los esfuerzos y desafíos para la implementación de las Sanciones Propias, sobre lo cual la Fiscalía de la CPI continuará haciendo seguimiento.

Durante la jornada, las entidades expusieron de manera detallada el proceso interinstitucional para garantizar la ejecución de los proyectos restaurativos incluidos en las dos sentencias restaurativas que imponen Sanciones Propias. La primera en el Caso 01 contra siete integrantes del último Secretariado de las Farc-EP, por la política de secuestros y, la segunda, en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en esa región del país.

Al instalar la sesión, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, afirmó que, “la realización de esta novena plenaria de la Insart resulta particularmente relevante por los compromisos asumidos entre el Estado colombiano y la Corte Penal Internacional (CPI) en octubre de 2021”. En ese sentido, explicó que, en virtud de ese acuerdo, el Estado se comprometió a preservar el marco legal y constitucional que creó la Jurisdicción y a garantizar las asignaciones presupuestarias requeridas para su funcionamiento, es decir, para investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos en el conflicto armado.

El magistrado Ramelli dijo que la JEP, el Gobierno y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas vienen funcionando como un sistema articulado y destacó que este trabajo permite garantizar la adecuada implementación de las sentencias. Según explicó, estas deben estar “soportadas en proyectos que restauren los daños causados, al tiempo que garanticen condiciones de seguridad y habitabilidad para que los comparecientes puedan ejecutarlos. Además, deben conducir al efectivo restablecimiento de los derechos de las víctimas y de los territorios. Este trabajo articulado demuestra que el Estado viene cumpliendo sus obligaciones”, finalizó.

La directora (E) de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Sara Rodríguez, valoró el acompañamiento de la CPI y del Gobierno, subrayando la necesidad de recursos para proyectos restaurativos y mecanismos de monitoreo que garanticen la implementación. “La implementación del Acuerdo depende de la voluntad y el trabajo conjunto del Estado. La justicia restaurativa exige coordinación, compromiso y acción, en donde las víctimas deben seguir siendo el centro. Apreciamos profundamente el reconocimiento al trabajo de la Instancia de Articulación. Para el Gobierno de Colombia, esta Instancia es hoy un mecanismo operativo y estratégico que permite convertir las decisiones judiciales de la JEP en ejecución estatal real” afirmó.

Por su parte, Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, anunció que “desde el Ministerio hemos formulado siete proyectos restaurativos en apoyo a diferentes casos de la JEP y en articulación con las víctimas. Estamos listos para iniciar su financiación y ejecución en abril próximo”.

También recordó los retos de la articulación interinstitucional en materia de justicia restaurativa. “A veces es difícil acompasar los tiempos judiciales con los tiempos de la administración pública, pero eso es lo que hemos estado trabajando en esta Instancia de Articulación. Aún tenemos desafíos en materia de pedagogía y sensibilización en todos los niveles, pero hemos asumido el reto con decisión y hemos transformado la manera como las entidades trabajan para poder formular proyectos restaurativos que puedan cumplir los comparecientes y con los que se les pueda brindar a las víctimas todas las garantías en materia de justicia”, dijo Villalba.

Finalmente, el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, hizo énfasis en la corresponsabilidad del Gobierno nacional en la implementación de las sentencias restaurativas y la importancia de garantizar las condiciones necesarias para materializar las sanciones impuestas en un contexto institucional y electoral que exige preservar el marco jurídico y la independencia de la Jurisdicción.

“Este gobierno está a pocos meses de terminar su gestión. Y la historia de las políticas públicas nos muestra que hay temas que se quedan en el camino. En ese sentido, hago público un ‘recurso de insistencia’ para que el gobierno expida el decreto sobre las condiciones transversales para el cumplimiento de las sentencias y podamos avanzar”, dijo Suárez.

La delegación de la Corte visitó Colombia para escuchar, conocer los avances y reforzar el apoyo a los esfuerzos nacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de crímenes internacionales, así como la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto, en cumplimiento del principio de

complementariedad y del Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 entre Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

*La Instancia de Articulación entre el Gobierno, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas es un mecanismo de coordinación creado para que las entidades del Estado cumplan con su obligación de brindar garantías para el cumplimiento de las sanciones propias que impone la Jurisdicción Especial para la Paz a sus comparecientes.