Fallo a una acción popular prohíbe cambios en nómina de la Alcaldía
Resumen
Una jueza ordenó detener temporalmente cambios en la nómina de la Alcaldía de Bucaramanga y exige documentación antes de decidir sobre la medida cautelar, reforzando la vigencia de la Ley de Garantías durante el periodo electoral.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Jueza ordenó frenar desvinculación de Secretarios y otros funcionarios
Además, se ordena a las autoridades demandadas abstenerse de celebrar actos o contratos que impliquen el uso de recursos públicos con fines proselitistas o en contravía de la Ley 996 de 2005.
La Justicia Administrativa frenó de manera temporal cualquier cambio en la planta de personal de la Alcaldía de Bucaramanga y exigió pruebas al municipio para decidir sobre la medida cautelar, según la providencia firmada por la Juez Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga, Andrea Catalina Serrano Arenas.
En un fallo, el Juzgado Quinto Administrativo Oral determinó dejar en suspenso la decisión sobre la medida cautelar y prohibió la modificación o la desvinculación inmediata de funcionarios de la nómina municipal hasta que se aporte la documentación solicitada.
El municipio de Bucaramanga dispone de 48 horas para entregar los soportes exigidos por el despacho judicial, tiempo que la providencia establece de forma perentoria.
Actuaciones transparentes
La resolución recuerda además la vigencia de la Ley de Garantías en el municipio desde el 14 de octubre, fecha en que se convocó el proceso electoral atípico, y exhorta al Alcalde designado Javier Sarmiento y a los servidores públicos a cumplir de manera estricta esa normativa mientras dure el periodo electoral y se elija al Alcalde en propiedad.
Según la providencia obtenida por Diario EL FRENTE, el documento advierte que el incumplimiento de la norma corresponderá a las autoridades competentes para su control. Finalmente, la jueza ordenó remitir copia de la decisión, de inmediato, a los entes de control para que procedan en el ejercicio de sus funciones.
La providencia reafirma la protección del empleo público durante procesos electorales y refuerza la obligación de la administración local de transparentar cualquier actuación que afecte la planta de personal.
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