Exprocurador Alejandro Ordóñez deberá pagar multa de más de mil seiscientos millones por haber sancionado a Piedad Córdoba
Resumen
La Procuraduría demanda al exjefe Alejandro Ordóñez por una sanción errónea a Piedad Córdoba, solicitando que pague $1.674 millones. Sin acuerdo de conciliación, se espera veredicto definitivo en 2026 del Consejo de Estado.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación llevó a los tribunales una reclamación sin precedentes contra uno de sus exjefes, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien enfrenta una demanda que podría obligarlo a responder con su propio patrimonio por más de $1.600 millones, tras la anulación de la sanción que impuso a Piedad Córdoba y que derivó en un millonario pago indemnizatorio del Estado.
El proceso, que se tramita en el Consejo de Estado, busca que se declare la responsabilidad personal del exprocurador por la destitución e inhabilidad que decretó en 2010 contra la entonces congresista.
La sanción fue revocada por el alto tribunal al concluir que se sustentó en indicios no probados y carentes de valor disciplinario.
Como consecuencia de ese fallo, la Procuraduría General de la República, consignó en 2017 más de $1.400 millones a los herederos de Córdoba por salarios y prestaciones dejadas de percibir.
Durante una audiencia realizada el 12 de noviembre, las partes cerraron la puerta a cualquier conciliación. El despacho declaró fallida esa etapa al constatar la ausencia de voluntad para un acuerdo, lo que prolonga la disputa judicial.
La demanda de reparación directa reclama $1.674 millones, más indexación e intereses, bajo el argumento de que Ordóñez actuó con culpa grave al expedir los fallos disciplinarios.
La defensa, encabezada por la exministra Ruth Stella Correa, anunció que agotará todas las instancias y sostuvo que las decisiones se apoyaron en pruebas recolectadas por autoridades colombianas.
El caso recobró impulso tras varios años de quietud. El Consejo de Estado solicitó información a la Corte Suprema, la Fiscalía, entidades financieras y despachos judiciales para completar el acervo probatorio.
Con esos insumos, el alto tribunal prevé adoptar una decisión definitiva en el primer semestre de 2026, en un litigio que pone a prueba los límites de la responsabilidad patrimonial de los altos funcionarios del Estado.
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