Esta es la nueva ley que le pondrá una mordaza a la bulla de los vecinos ruidosos

En esta nueva norma, el ruido es entendido como un factor de contaminación ambiental o sonidos molestos, de potencial vulneración al disfrute de los derechos, de riesgo para la salud pública, de afectación para el bienestar de las personas, los animales y la salud y equilibrio de los ecosistemas. En contraposición, está la calidad acústica, un concepto que pretende fortalecer la evaluación y gestión interinstitucional de los diferentes actores, definir responsabilidades, así como fomentar la reducción de la contaminación acústica con el fin de garantizar el control de los impactos generados por ésta en la salud, el ambiente, la fauna, la convivencia, la salud ocupacional, entre otros.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

¿Sabía usted que el 70 % de las llamadas a las líneas de emergencia de la Policía Nacional son por ruido? En muchos casos, vecinos eternamente parranderos, con constante volumen alto en sus equipos de sonido, o sectores extremadamente ruidosos como Cuadra Play o Cuadra Picha en Bucaramanga, donde los residentes del sector perdieron por completo el sentido de la tranquilidad debido a la altísima contaminación sonora de la conflictiva zona.

Pero ruido no es solo música a alto volumen. También es conflicto, por ejemplo, vecinos que entre sí discuten a ‘grito herido’ con altísima frecuencia. En el concepto también se incluye la  contaminación sonora producida por el exosto de vehículos que han sido modificados para que los motores resuenen con mayor rudeza, sobre todo a altas horas de la noche cuando las vías están más aptas para andar a altísima velocidad y, por ende, con mayor ruido.

Para todas estas situaciones, el gobierno nacional acaba de promulgar una ley que si bien tardará 11 meses más en entrar en vigencia, mientras que las autoridades se compenetran con la nueva norma, desde ya se avizora como la promesa para controlar a los vecinos ruidosos, en todas sus facetas, ya sea por peleas, discusiones, música a alto volumen o carros ruidosos.

Se trata de la ley 2450 de 2025, inspirada en el Artículo 79 de la Constitución Política en Colombia el cual dispone que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

Hablemos de calidad acústica

En esta nueva norma se establecen los objetivos, los lineamientos, responsabilidades y las competencias específicas de los entes territoriales, autoridades ambientales y de policía para la formulación de una política de calidad acústica para el país (ley contra el ruido).

En su artículo 1, la ley define como objetivo central la creación de una reglamentación integral para abordar los problemas derivados del ruido, garantizando medidas preventivas y correctivas eficaces. Esta legislación asigna responsabilidades tanto a las entidades del orden nacional como territorial, y establece la necesidad de trabajar de manera articulada entre autoridades para proteger derechos fundamentales como la salud, la intimidad y la integridad personal.

Entre las acciones contempladas están la formulación de una política pública nacional de calidad acústica, acompañada de planes de acción que permitan prevenir, mitigar y controlar los impactos del ruido. También se prevé la medición y revisión periódica de estas políticas para asegurar su eficacia.

La ley introduce principios específicos para su interpretación y aplicación. Además de los principios tradicionales del derecho ambiental, incorpora enfoques como el de salud pública, desarrollo sostenible, investigación y tecnología, así como un enfoque basado en derechos culturales y de recreación. También se reconoce el carácter “pluridimensional” del fenómeno del ruido, por su impacto transversal en distintas áreas de la vida cotidiana.

En el ámbito legal, la norma establece una serie de definiciones clave, como “calidad acústica”, “contaminación acústica” y “emisión de ruido”, entendidos como factores que alteran el ambiente de manera molesta o nociva, afectando la salud pública, la biodiversidad y la calidad de vida de las personas.

Por ejemplo, se define la contaminación acústica como cualquier alteración del ambiente por ruidos o vibraciones no deseadas que puedan poner en riesgo la salud o degradar el entorno. Asimismo, se reconoce el ruido como un contaminante ambiental que puede vulnerar derechos y perjudicar tanto a humanos como a animales y ecosistemas.

Finalmente, la norma establece que la Política de Calidad Acústica debe fortalecer la acción interinstitucional, fomentar la reducción del ruido y garantizar el control de sus efectos nocivos. Esta política incorporará un enfoque diferencial, territorial e interseccional, con el objetivo de visibilizar desigualdades y exclusiones sociales y transformar positivamente los conflictos relacionados con el ruido.

Con esta legislación, Colombia avanza en el reconocimiento del derecho a un ambiente acústicamente saludable, al tiempo que da herramientas concretas a las autoridades para enfrentar una fuente de contaminación que afecta cada vez más a las ciudades y sus habitantes 

Multas, apagar equipos y hasta decomisarlos

Con esta legislación, lo que se pretende es que Colombia avance en el reconocimiento del derecho a un ambiente acústicamente saludable, al tiempo que da herramientas concretas a las autoridades para enfrentar una fuente de contaminación que afecta cada vez más a las ciudades y sus habitantes

Por ejemplo, Con esta nueva ley la policía podrá ahora tener la autoridad para visitar el lugar epicentro del ruido, pedir acuerdo entre vecinos, ordenar bajar el volumen, y poner multas que van desde medio salario mínimo hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluso podrán sellar negocios de manera temporal o definitivamente, así como decomisar equipos de sonido y suspender las actividades que causan ruido.

Y para llegar a estas soluciones parciales, temporales o definitivas, la ley permitirá que la Policía Nacional pueda actuar sin aparatos especiales para medir la intensidad del ruido, por supuesto cuando el ruido es más que evidente: si es fuerte reiterado, e incluso reportado por varios vecinos, y con la existencia previa de testimonios o antecedentes que respalden la inconformidad ciudadana.