El Espejo de la Justicia Invertida: Una Analogía entre los Casos de David Turbay y Álvaro Uribe

A primera vista, los procesos judiciales contra el excontralor David Turbay Turbay y el expresidente Álvaro Uribe Vélez parecen habitar mundos jurídicos distintos: uno, condenado por enriquecimiento ilícito; el otro, acusado de fraude procesal y soborno. Sin embargo, al examinar la arquitectura interna de ambas acusaciones, emerge una inquietante y reveladora simetría. Ambos casos, como reflejos en un espejo, exhiben el mismo vicio estructural: la construcción de un castillo judicial sobre cimientos de arena, donde la premisa fundamental no es un hecho probado, sino una suposición que invierte la carga de la prueba y vulnera el debido proceso.

Por Álvaro Hernández Molina

Estamos frente a la falacia de la premisa no probada: el pecado original de ambas acusaciones. El error fundamental en ambos casos es idéntico: se inicia la investigación y se formula la acusación partiendo de una conclusión que, en un sistema garantista, debería ser el punto de llegada tras un riguroso debate probatorio.

En el caso de David Turbay, la totalidad de la acusación se edificó sobre la premisa de que los dineros del cheque N.º 3214525, provenientes de la empresa Exportcafé Ltda., eran de origen ilícito. Esta premisa nunca fue demostrada científicamente. No existió un peritaje contable, un estudio forense o una trazabilidad financiera que probara, más allá de toda duda razonable, que esos fondos específicos provenían de actividades de narcotráfico. La investigación no comenzó por la pregunta "¿De dónde viene este dinero?", sino que partió de la afirmación "Este dinero es ilícito, ahora demostremos cómo llegó a Turbay". Se asumió la ilicitud como un dogma, no como una hipótesis a verificar.

En el caso de Álvaro Uribe, el vicio es análogo. La acusación por fraude procesal se construyó sobre la premisa de que el testimonio original del testigo Juan Guillermo Monsalve era la verdad innegable. La Fiscalía asumió como un hecho cierto e inmutable las afirmaciones iniciales del testigo, para luego calificar cualquier intento de la defensa por obtener una retractación como una "manipulación" para "inducir en error" a la justicia. La pregunta fundamental que la justicia omitió responder antes de acusar fue: "¿El testimonio original de Monsalve era veraz?". Si la declaración primigenia era falsa, buscar su modificación no es inducir a error, sino intentar corregir una falsedad previa. Más aún, en el caso Uribe, la crítica de la defensa ha radicado en que, desde las primeras etapas, se habría operado bajo una presunción de culpabilidad, exigiendo al expresidente desvirtuar acusaciones en lugar de que la Fiscalía probara irrefutablemente el dolo y la ocurrencia del delito. Esta inversión de la carga de la prueba, donde cualquier movimiento de la defensa para controvertir la acusación se interpretaba como un acto de manipulación, ha sido señalada como una vulneración fundamental del debido proceso.

En ambos escenarios, la justicia invirtió el orden lógico: en lugar de construir un caso sobre la base de hechos probados, construyó la acusación sobre premisas asumidas como ciertas, trasladando a la defensa la carga diabólica de demostrar lo contrario.

La Ruptura del Nexo Causal:

El Salto al Vacío de la Inferencia

Partiendo de una premisa no probada, ambas acusaciones proceden a dar un "salto de fe" para conectar los hechos con los procesados, dejando eslabones cruciales de la cadena causal sin demostrar.

En el caso Turbay, el salto es evidente. Aun si se aceptara la ilicitud de los fondos, la conexión con David Turbay era indirecta y requería probar varios nexos. Se le condenó en 1999, pero su tío, Antonio Turbay (quien recibió directamente el cheque), solo fue condenado por enriquecimiento ilícito a favor de terceros muchos años después, en 2006. Para condenar a David Turbay, se debió haber probado primero, y en su propio proceso, la responsabilidad de su tío, el conocimiento de este sobre la ilicitud de los fondos y, finalmente, el conocimiento y la participación dolosa del propio David Turbay. La justicia, en cambio, saltó por encima de estas exigencias, presumiendo la culpabilidad en toda la cadena. En ningún punto de este proceso se estableció o probó que David Turbay hubiera conocido a los hermanos Rodríguez Orejuela, ni que el dinero estuviera directamente ligado a sus operaciones o a una relación personal con el Cartel de Cali.

En el caso Uribe, el salto es similar. Se pasó de la existencia de contactos entre allegados del expresidente y un testigo, a la conclusión de que Uribe era el determinador de un fraude procesal. Se omitió probar el elemento esencial del tipo penal: que el engaño efectivamente causara un error en los magistrados de la Corte Suprema. Si los jueces no cayeron en el error, el delito no se consumó. La acusación salta desde la acción (el contacto) hasta la presunción de un resultado (el fraude), sin acreditar el nexo causal indispensable que es el error judicial efectivo. Además, la defensa ha argumentado que se obvió la necesidad de probar la intencionalidad directa de Uribe como "determinador", construyendo esa determinación a partir de inferencias, y no de pruebas directas que demostraran una orden o acuerdo expreso para cometer el ilícito.

La Ceguera Selectiva: El Descarte de Explicaciones Lícitas y la Instrumentalización del Testigo Criminal

Finalmente, ambos casos se caracterizan por una visión de túnel por parte de los operadores judiciales, quienes descartaron de plano explicaciones alternativas y pruebas de descargo que resultaban, como mínimo, plausibles y que generaban una duda razonable.

En el caso Turbay, existía una explicación comercial perfectamente documentada y lícita para el movimiento de fondos: la negociación de los derechos sobre el lote "La Arabia", una operación iniciada en 1978. Esta transacción, respaldada por documentos y testimonios, fue arbitrariamente desestimada como una "coartada", sin un análisis serio que desvirtuara su legitimidad. Es fundamental subrayar que esta explicación alternativa no fue refutada mediante la presentación de pruebas que vincularan a David Turbay con el Cartel de Cali o los Rodríguez Orejuela, sino que fue descartada sin una demostración de la fuente ilícita y el conocimiento directo del procesado.

En el caso Uribe, la explicación alternativa es el legítimo ejercicio del derecho a la defensa y a la controversia probatoria. Si la defensa creía que el testigo mentía, buscar la verdad a través de una retractación es una actuación amparada por la ley. La justicia, sin embargo, optó por la interpretación más incriminatoria, descartando la posibilidad de una actuación legítima de la defensa. La narrativa que ha querido establecer a Juan Guillermo Monsalve como un "niño de brazos" o una figura vulnerable ante el supuesto "poder de Uribe" ha sido activamente rebatida por la defensa. Esta ha argumentado que Monsalve, con un prontuario delictivo conocido y experiencia como informante, lejos de ser ingenuo, era un testigo con motivaciones propias y posibles inconsistencias en sus declaraciones. La defensa insiste en que las pruebas no muestran un soborno orquestado por Uribe, sino un legítimo intento de su defensa de buscar la verdad y contrarrestar un testimonio que consideraban falso, enfrentándose a un testigo que, según ellos, actuaba con una agenda clara y no como una víctima pasiva.