Nombrar a alguien en un cargo público sin la formación adecuada no es un detalle menor; puede traducirse en decisiones técnicas deficientes que impactan directamente la productividad rural y el bienestar de las comunidades campesinas. El caso ocurrió en Santander y la irregularidad tuvo repercusiones jurídicas en Bogotá.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En Suratá, donde la administración pública suele moverse al ritmo pausado de los pueblos andinos, reventó un caso que hoy resuena con eco jurídico desde Bucaramanga hasta Bogotá pues la Procuraduría General de la Nación decidió ponerle lupa y sanción a una actuación administrativa que, según su análisis, cruzó la delgada línea entre la discrecionalidad y la ilegalidad.

El protagonista central del expediente es el alcalde de Suratá, Jerónimo Pabón Vega, quien fue sancionado con suspensión del cargo por 15 meses, acompañada de una inhabilidad especial por el mismo periodo. La decisión, emitida en fallo de primera instancia, responde a lo que el Ministerio Público calificó como una designación irregular en un cargo directivo clave del municipio.

El caso gira en torno al nombramiento, en calidad de encargo, de Ludwing Guerrero Jove como jefe de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), una dependencia estratégica en territorios donde el campo no es solo paisaje, sino columna vertebral económica.

Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, el nombramiento realizado durante la vigencia 2024 omitió un elemento esencial: el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley y el manual de funciones del municipio.

El perfil requerido para liderar la UMATA no es menor. Se trata de un cargo técnico que demanda formación profesional en áreas agropecuarias o disciplinas afines, respaldada por título y, en algunos casos, tarjeta profesional. Sin embargo, el ente de control constató que el funcionario designado: No contaba con título profesional en el área, no tenía tarjeta profesional, y su formación se limitaba a ser bachiller con énfasis en promoción comunitaria y técnico en ganadería bovina. En todo caso, una hoja de vida que, aunque vinculada al campo, no alcanzaba el estándar normativo exigido para ocupar el cargo.

El fallo no se limitó al alcalde. También alcanzó al propio designado. En consecuencia Jerónimo Pabón Vega fue sancionado por falta grave cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento de la irregularidad al momento de realizar el nombramiento.

Además, Ludwing Guerrero Jove recibió una suspensión de dos meses, calificada como falta grave a título de culpa gravísima, por haber aceptado y ejercido un cargo sin cumplir los requisitos legales.

Este caso no es simplemente una irregularidad aislada. Refleja una práctica que ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de los órganos de control: la flexibilización indebida de los requisitos en cargos públicos, especialmente en municipios pequeños donde las redes personales y políticas pueden influir en las decisiones administrativas.