¿Quién lo creyera? El sector del magisterio atraviesa por una amarga paradoja pues pensó que, con la llegada del primer gobierno de izquierda a la Presidencia de la República, encontraría la reivindicación de derechos y la suma de espacios y beneficios en términos laborales y de su sistema de salud. Pero nada más lejos de la realidad.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Por eso, el magisterio volvió a tomarse la calle con una consigna que, lejos de ser nueva, suena cada vez más urgente: el derecho a la salud no puede seguir siendo una promesa incumplida, en un reclamo frontal a un Gobierno que llegó al poder con el respaldo de amplios sectores sindicales y hoy enfrenta su descontento en las calles.

“Estamos exigiendo el derecho a la salud”, dijo Yarinson Pérez en Bucaramanga, vocero sindical, mientras avanzaba la movilización más reciente entre el ruido del tráfico colapsado y la indignación acumulada.

Pero su denuncia fue más allá de la consigna básica: habló de sobrecostos en la contratación, de decisiones administrativas que terminan recortando el presupuesto y de un golpe directo al sistema de salud del magisterio. Según explicó, la reducción global proyectada ronda el 12%, pero en el componente de salud podría acercarse a un alarmante 30%. No es un ajuste técnico, es un recorte que, en la práctica, se traduce en menos medicamentos, menos citas, menos tratamientos.

El señalamiento apunta directamente a la Fiduprevisora, la entidad encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), y a la responsabilidad política del Gobierno nacional, que tiene presencia en su dirección. Los docentes no piden explicaciones abstractas: exigen que se cumpla el Acuerdo 03, que se respete la Ley 91 de 1989 y que se garantice un modelo de salud que, lejos de deteriorarse, debería ser ejemplo de protección social.

La crisis en carne propia

Sin embargo, la realidad que describen los maestros dista de ese ideal. Lo que empezó como un piloto del modelo de salud que el Gobierno defendía como alternativa frente a la crisis del sistema general terminó convertido en un foco de fallas estructurales. La promesa de eficiencia mutó en incertidumbre, y la transición, lejos de estabilizar el servicio, ha profundizado las grietas.

Precisamente, la Procuraduría General de la Nación ha elevado un llamado de atención contundente, tras múltiples mesas técnicas de seguimiento. El diagnóstico es preocupante: persisten fallas en la contratación de la red de prestadores, el sistema opera en algunos casos sin contratos formalizados y se apoya en instrumentos precontractuales que abren la puerta a riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales. Es decir, no solo está en juego la calidad del servicio, sino la estabilidad misma del modelo.

A esto se suma el aumento de las PQR (peticiones, quejas y reclamos) por problemas que deberían ser básicos en cualquier sistema de salud: entrega de medicamentos, asignación de citas, transporte de pacientes y atención oportuna. Lo que para la burocracia puede ser un trámite, para un docente puede significar la interrupción de un tratamiento o el agravamiento de una enfermedad.

Los casos concretos evidencian la dimensión humana de la crisis. Por ejemplo, una docente diabética contó a EL FRENTE durante la reciente manifestación que lleva meses enfrentando un laberinto administrativo para acceder a su insulina. De dispensario en dispensario, de oficina en oficina, la respuesta es siempre la misma: trámites, autorizaciones, excusas.

Mientras tanto, ha tenido que costear de su bolsillo medicamentos e insumos que el sistema debería garantizar. Y cuando finalmente parecía haber una solución, se encontró con una barrera absurda: las órdenes estaban vencidas y debía iniciar el proceso desde cero.

Otro caso, aún más crítico, revela la fragilidad del sistema frente a enfermedades de alta complejidad. Una paciente con linfoma de Hodgkin, en condición post trasplante, vio interrumpido su tratamiento tras la finalización del contrato entre el Fomag y la institución que la atendía.

En medio de autorizaciones contradictorias y decisiones administrativas erráticas, su proceso médico quedó en el aire. La ley es clara en prohibir la interrupción de tratamientos oncológicos por disputas contractuales, pero en la práctica esa garantía parece diluirse.

El Fomag, por su parte, argumenta que los problemas se deben, en parte, al cambio de gestor farmacéutico realizado en enero de 2026. Reconoce rezagos, habla de un periodo de estabilización de tres meses y menciona ajustes logísticos necesarios. También señala un desabastecimiento parcial de medicamentos a nivel nacional, estimado entre el 5% y el 7%. Pero esas explicaciones técnicas chocan con la experiencia cotidiana de los docentes, que no perciben “intermitencias temporales”, sino fallas persistentes.

¿Ineptitud en la Fiduprevisora?

El problema, según el propio magisterio organizado, no es solo operativo. Hay un trasfondo financiero y administrativo que agrava la situación. Se habla de contratos con tarifas infladas, pagos duplicados y servicios no prestados en el pasado, lo que habría generado un daño considerable a los recursos del fondo. A esto se suma una gestión cuestionada de la Fiduprevisora, con debilidades en la defensa jurídica, pérdidas en litigios y fallas en la auditoría de los recursos.

El resultado es un sistema que maneja miles de millones de pesos, pero que no logra garantizar lo esencial. La desconexión entre las decisiones del consejo directivo y la ejecución administrativa termina impactando directamente a los usuarios: los maestros. Y mientras los informes técnicos se acumulan, la crisis se vive en los hospitales, en las farmacias, en los hogares de quienes dependen de un tratamiento continuo.

Lo que ocurre con el Fomag es más que una crisis sectorial. Es un espejo incómodo para el Gobierno nacional, que promovió este modelo como bandera de transformación. Hoy, esa bandera se ve desgastada por la realidad. Los docentes, que históricamente han sido aliados de proyectos progresistas, se sienten traicionados por un sistema que no responde y por una administración que, a su juicio, no ha actuado con la contundencia necesaria.

La protesta en Bucaramanga no es un hecho aislado. Es la expresión de un malestar que crece en todo el país y que ya ha derivado en paros y movilizaciones. Es también una advertencia: el respaldo político no es incondicional cuando se vulneran derechos fundamentales.

El Gobierno enfrenta un dilema que no puede seguir postergando. O corrige de fondo las fallas del modelo de salud del magisterio, con decisiones claras y responsables, o seguirá viendo cómo la inconformidad se traduce en movilización y pérdida de legitimidad. Porque cuando los maestros —quienes forman a las futuras generaciones— tienen que salir a la calle a exigir atención médica, el problema ya dejó de ser administrativo. Se convirtió en una crisis ética y política.