Una investigación realizada y publicada por el equipo de 6AM de Caracol Radio reveló que lejos de tratarse de hechos aislados existió una lógica sistemática y corrupta implementada desde hace varios años, durante la administración de Iván Duque, particularmente bajo la dirección de Eduardo José González, en la que Santander terminó convertido en el territorio predilecto para la asignación de dudosos contratos multimillonarios. Ojo, todo esto mucho antes de Olmedo, Pinilla, de los dichosos carrotanques, obviamente, mucho antes de Petro.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Los hallazgos de la investigación periodística realizada por los colegas del reconocido dial nacional dejarían frio al más osado y descarado de los corruptos pues dan cuenta de que por lo menos se habrían repartido en contratos bajo sospecha cerca de 3.5 billones de pesos en todo el territorio nacional, cifra de la cual se dirigió para Santander la obscena cuantía de 806 mil millones de pesos, distribuidos en 59 contratos, y la cual representa el 22 por ciento de los recursos distribuidos por medio de contratación dudosa por el designado director nacional de la UNGRD, Eduardo José González, nombrado entonces por el presidente Iván Duque Márquez.

Así es, todo indica que Santander se convirtió en una pieza clave no solo por la dimensión de los dineros girados para este departamento sino también porque de acuerdo con la investigación periodística fue aquí donde se ensayó, se consolidó y luego se replicó un modelo de contratación que hoy emerge de la oscuridad luego de varios años de relativo silencio sobre la legitimidad de la firma de estos contratos.

Hay que enfatizar en la inquietante cifra: “El 22% de los contratos analizados tuvo como objeto el desarrollo de obras en el departamento de Santander”, una concentración que deja muy atrás a otros departamentos y que, más que responder a criterios técnicos, sugiere una focalización que hoy despierta serias dudas.

Convirtieron a la Perla del Fonce en la pepa de una maraca

Por ejemplo, San Gil. Lo ocurrido en esta localidad santandereana no fue mas que la antesala de lo que meses más tarde se replicó en todo el país pues allí, a tan solo días de finalizar el gobierno Duque, se firmó un contrato por más de 71.000 millones de pesos para mitigar deslizamientos en zonas de alto riesgo para las comunidades. Ojo, la promesa era contener la montaña; sin embargo, la realidad terminó siendo otra.

Dos años después, cuando las obras comenzaron a entregarse, los habitantes denunciaron lo que parecía una obra hecha de ilusiones frágiles: “obras incompletas, trozos de concreto que caían desde los muros de contención y nulo sistema de desagüe”. La infraestructura, diseñada para proteger, terminó generando nuevos riesgos.

La escena guarda el simbolismo de una receta representada con tantica justicia poética para descifrar corruptos pues los murros millonariamente pagados se desmoronaron dejando a las comunidades sin recursos, y con un riesgo latente aún mayor.

Según la investigación revelada por 6AMW, entre julio y agosto de 2022 se firmaron decenas de contratos bajo un esquema que se repetía con precisión quirúrgica. La fuente lo describe sin rodeos: “se invita a tres proponentes, solo cotiza uno, ese único oferente cumple y el contrato se perfecciona”.

Ese mecanismo, que simula competencia donde no la hay, permitió la rápida adjudicación de contratos con anticipos millonarios. En ese carrusel, Santander giró con especial intensidad.

Girón: la Villa de los ...

Si San Gil encarna el fracaso más visible, Girón es como el epicentro de mayor recurrencia pues los documentos recientemente publicados hacen inferir que la Villa de los Caballeros se convirtió en “el municipio favorito para realizar obras para prevenir emergencias”, una preferencia que levanta interrogantes sobre los criterios reales de priorización.

No se trata solo de cantidad de contratos, sino de la reiteración de actores, proyectos y esquemas. Girón se convierte así en un nodo donde convergen decisiones, contratistas y recursos.

El hilo conductor entre el pasado y el presente del escándalo no solo está en los métodos, sino en los nombres. Empresas y contratistas que operaron durante la administración de González reaparecen posteriormente, incluso bajo nuevas figuras jurídicas, en la era de Olmedo López.

Además, la investigación es contundente al señalar que “varios de los que fueron elegidos a dedo por Olmedo López ya lo habían sido por González”. En Santander, este fenómeno adquiere una dimensión particular: consorcios, firmas y representantes legales que se multiplican como espejos, pero que en el fondo responden a los mismos actores.

Se trata de una suerte de arquitectura contractual donde las fachadas cambian, pero los cimientos permanecen intactos.

El balance es tan voluminoso como preocupante. En apenas año y medio, se firmaron 420 contratos que suman 3.5 billones de pesos. Y el dato más inquietante llega después: “la mayoría de estos están siniestrados. Es decir, nunca finalizaron”.

Un “hoyo negro” sin control

A pesar de la magnitud de las cifras y de los patrones detectados, los controles institucionales no encendieron alarmas a tiempo. En 2022, la Contraloría realizó una auditoría y concluyó que todo estaba en orden. La investigación lo resume con una frase que resuena como eco incómodo: “no hubo hallazgo alguno, aunque la evidencia siempre estuvo ahí”.

Hoy, cuando el escándalo ha estallado, la pregunta se transforma en una interpelación directa al Estado: “¿será que la Contraloría y la Fiscalía ahora sí se dan cuenta del hoyo negro que representa esta entidad?”.

Santander no es un capítulo más dentro del escándalo de la UNGRD. Es el corazón de una historia donde confluyen contratos acelerados, obras fallidas, concentración de recursos y repetición de contratistas. Un territorio donde el riesgo no solo fue natural, sino también administrativo.

Lo que comenzó como una estrategia para mitigar desastres terminó, según la investigación, convertido en un sistema que habría permitido el desvío sistemático de recursos públicos. Y mientras los muros se agrietan en municipios como San Gil, también se resquebraja la confianza en una entidad que debía, precisamente, proteger a los ciudadanos del colapso.

Contratos exprés y millonarios

La investigación revela que el escándalo de corrupción en la UNGRD no nació en el gobierno de Gustavo Petro, sino que venía estructurándose desde la administración de Iván Duque, bajo la dirección de Eduardo José González.

En las últimas semanas del gobierno Duque, González firmó contratos de alto valor de forma acelerada. Destaca uno por $71.000 millones en San Gil (Santander) para mitigar deslizamientos, cuyas obras luego presentaron fallas graves: estructuras incompletas, materiales deficientes y ausencia de drenaje.

Entre julio y agosto de 2022 se firmaron cerca de 30 contratos por más de $423.000 millones, todos bajo un patrón sospechoso:

·         Se invitaban tres oferentes

·         Solo uno presentaba propuesta

·         Ese único oferente ganaba

·         Se giraba anticipo del 20%

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