Desarrollo de municipios en riesgo por demandas de doble militancia

En el contexto de las elecciones de 2023 en Colombia, la situación de treinta Alcaldes y algunos Gobernadores se encuentra en riesgo, ante procesos que amenazan la estabilidad de sus mandatos.

La crisis electoral demanda decisiones firmes y una revisión exhaustiva de la normativa vigente, porque los hechos muestran que la doble militancia y otras causales de nulidad ponen en juego las administraciones locales y las ejecutorias adelantadas y programadas.

La doble militancia representa un error grave que obliga a la Nación a afrontar el reto de celebrar elecciones atípicas y asumir un gasto electoral adicional, pagado por todos los colombianos, mientras el Estado no tiene La ley que regula este aspecto resulta ambigua y confunde. En imágenes, videos e intervenciones públicas se evidencian apoyos a candidatos en coalición que vulneran los principios de la democracia.

En este embrollo están inmiscuidos, por Santander, los alcaldes de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez; de Piedecuesta, Óscar Javier Santos Galvis y el de Girón, Campo Elías Ramírez Padilla, todos acusados de doble militancia, aunque al Alcalde de Piedecuesta, el Consejo de Estado, le mantuvo su elección.

A lo largo y ancho del país, cinco mandatarios se enfrentan al proceso de revocatoria, mientras que tres casos de trashumancia derivan en la necesidad de celebrar elecciones especiales.

La falta de un estudio riguroso sobre incompatibilidades e inhabilidades debilita la posición de los candidatos. El asesoramiento jurídico insuficiente permite errores que dañan la imagen de las administraciones y generan desconfianza en la ciudadanía.

El problema se agrava por la existencia de una ley diseñada para favorecer a los grandes dirigentes de los partidos. La norma sobre doble militancia se interpreta como un instrumento de privilegio que beneficia a ciertos actores y perjudica la transparencia electoral.

La responsabilidad recae sobre los que dirigen la campaña electoral y omiten analizar a fondo los límites legales, lo que desemboca en un entorno de incertidumbre y falta de claridad en la normativa.

La crisis actual exige respuestas contundentes y medidas que fortalezcan el sistema electoral colombiano, porque de nada sirve que se hagan las campañas electorales, las elecciones y algunos personajes por envidia, rencillas o sólo por el ánimo de atravesársele a todo, interponen demandas que desgastan el sistema judicial del país para no dejar gobernar. Es decir, ni proponen ni dejan hacer

Las autoridades electorales deben asumir la responsabilidad de corregir los fallos existentes en la normativa y establecer criterios precisos que garanticen procesos democráticos y ordenados que no den la posibilidad a los perdedores de tratar de ganar en los estrados judiciales lo que no les fue favorable en las urnas.

Para la democracia, el reto consiste en reconstruir un marco legal robusto y claro, capaz de prevenir errores que afectan la gobernabilidad. La situación demanda una acción inmediata y la consolidación de un sistema que proteja el interés general y garantice el respeto a los cánones democráticos.