Denuncias en el sur del Cesar ponen en evidencia fisuras de la reforma agraria

En el papel, la entrega de tierras en San Alberto representa una promesa histórica: corregir décadas de desigualdad rural, devolverle al campesinado un lugar en el mapa productivo y cerrar heridas abiertas por el despojo y la violencia. En la práctica, sin embargo, ese mismo proceso comienza a mostrar fisuras preocupantes.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) confirmó que investiga denuncias por presuntas irregularidades en la adjudicación de predios en este municipio del sur del Cesar, un territorio que se ha convertido en símbolo tanto de esperanza como de desconfianza.

Versiones recogidas en la zona apuntan a la posible intervención de intermediarios que, aprovechando la urgencia y la necesidad de las comunidades rurales, estarían cobrando dinero a campesinos con la promesa de facilitar trámites ante el Estado.

Desde la ANT, la respuesta institucional ha sido insistir en que los procesos son gratuitos y están regulados. Pero esa aclaración, aunque necesaria, resulta insuficiente frente al ruido que generan las denuncias.

La entidad, a través de su Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, anunció la revisión de estos casos y aseguró que se adelantan acciones para identificar posibles “malos manejos”. Sin embargo, el lenguaje prudente de los comunicados contrasta con la gravedad de lo que está en juego. No se trata únicamente de irregularidades administrativas, sino de la legitimidad misma de una política pública que busca transformar el campo colombiano.

En Cesar, la distribución de la tierra ha sido históricamente un asunto atravesado por conflictos, economías ilegales y disputas de poder. Municipios como San Alberto han vivido los efectos de esa tensión, donde la propiedad rural no solo define la producción agrícola, sino también las dinámicas sociales y, en muchos casos, los equilibrios de seguridad. En ese contexto, cualquier señal de opacidad en la adjudicación de predios no es un detalle menor: es una chispa en un terreno que ha demostrado ser inflamable.

El proceso que adelanta la ANT en la zona se realiza, según la entidad, en articulación con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, una organización con larga trayectoria en la defensa de los derechos agrarios.

No obstante, incluso con ese acompañamiento, las denuncias sugieren que la implementación en territorio enfrenta obstáculos que van más allá de la voluntad institucional. La presencia de “gestores” informales evidencia vacíos de información, debilidad en los canales oficiales y, sobre todo, una necesidad urgente de pedagogía estatal.

La respuesta de la Agencia incluye la promesa de jornadas de sensibilización para advertir a las comunidades sobre los riesgos de caer en estafas. La medida, aunque pertinente, parece llegar tarde para quienes ya habrían sido afectados. En regiones donde cada peso cuenta y donde acceder a un predio puede significar la diferencia entre la subsistencia y el abandono, el costo de estas prácticas irregulares no es solo económico, sino profundamente social.

Mientras avanzan las investigaciones, en San Alberto persiste una sensación incómoda. La reforma agraria, concebida como un acto de justicia histórica, comienza a ser observada con cautela por quienes deberían ser sus principales beneficiarios. Y en ese cambio de percepción hay un riesgo mayor: que la desconfianza termine erosionando un proceso que, sin legitimidad social, difícilmente podrá sostenerse.