Las denuncias del exdiputado Ferley Sierra Jaimes marcaron un precedente en el control político departamental. Sus advertencias, inicialmente vistas como una disputa política más, terminaron forzando la intervención de los órganos de control y exponiendo un entramado de presuntas irregularidades que comprometen miles de millones del erario.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Las alertas que el exdiputado de la Asamblea de Santander, Ferley Sierra Jaimes, elevó durante más de un año sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento terminaron convirtiéndose en el punto de partida de una investigación disciplinaria de alto impacto en Santander.

Se trata de la apertura inicial por parte de la Procuraduría General de la Nación de una investigación que esta semana finalizó con la formulación de un pliego de cargos contra la exsecretaria Mery Luz Hernández López, así como contra la exdirectora técnica Yexica Natalia Ardila Ruiz y la profesional universitaria Carmen Alicia Serpa de Laguado, por su presunta participación en la adjudicación irregular de convenios por más de $2.000 millones.

Según el pronunciamiento del Ministerio Público, las funcionarias habrían entregado el Convenio de Asociación n.° 733 de 2022 a Funsocial, una entidad que, al parecer, no contaba con la idoneidad ni la experiencia financiera para ejecutar actividades relacionadas con la promoción de la cultura ciudadana.

La Procuraduría, además, investiga posibles omisiones en la revisión de documentos contractuales, la evasión de modalidades de contratación y variaciones injustificadas en los pagos a artistas, quienes reportaron estímulos hasta $500.000 por debajo de lo pactado oficialmente.

La denuncia que abrió la puerta

La actuación de la Procuraduría no surgió de la nada. Fue producto de las denuncias insistentes del exdiputado Ferley Sierra, quien desde su curul advirtió sobre presuntos sobrecostos, contratos direccionados y una posible red de fundaciones sin capacidad operativa que se beneficiaban de multimillonarios convenios.

Sus reclamos, inicialmente ignorados, cobraron relevancia cuando artistas del departamento aseguraron públicamente haber sido “estafados” por la Secretaría de Cultura. Esto llevó al Ministerio Público a revisar en detalle los contratos suscritos bajo la administración de Hernández.

El detonante fue la revelación de Sierra durante una sesión plenaria en la Asamblea, donde expuso irregularidades en el convenio por $2.859 millones para el proyecto Memorias Históricas de Tradición. Allí, según las denuncias, se habrían facturado incentivos de $4.500.000 mientras que los beneficiarios aseguraron recibir apenas $100.000.

Fundaciones sin idoneidad, premios recortados y sobrecostos

En medio del debate de moción de censura, al cual Hernández no asistió tras presentar su renuncia, Sierra también denunció presuntas anomalías en otros contratos otorgados a entidades con escasa o nula actividad financiera. Un caso emblemático es la Fundación de Emprendimiento Juvenil y Social, que según el exdiputado no tenía movimientos financieros durante ocho años.

Sin embargo, en 2021 reportó súbitamente un activo corriente de $771 millones. Además no contaba con una sede física, pese a lo declarado en los documentos contractuales y aún así recibió un contrato superior a $2.837 millones para proyectos culturales.

“Si esa fundación es tan idónea, ¿por qué no son capaces de hacer ni la postura de una puntilla? Todo lo terminan subcontratando”, cuestionó Sierra ante la corporación.

El exdiputado también presentó pruebas sobre presuntos recortes en los estímulos prometidos en concursos financiados por la Gobernación:

Primer lugar: debía recibir $2.500.000, pero habría obtenido solo $1.400.000.

Segundo lugar: prometido $1.500.000, entregado $1.000.000.

Tercer lugar: pactado $500.000, entregado $400.000.

Los sobrecostos también fueron motivo de alerta. Sierra afirmó que la Secretaría habría adquirido juegos de parqués por más de $700.000 cada uno, y tablets reportadas a $2.000.000, cuyo valor en el mercado según él no superaba los $476.000.

“¿Es justo que los artistas terminen financiando fundaciones de papel?”, sentenció el entonces diputado.

Las investigaciones avanzan

La Procuraduría calificó las presuntas faltas de las exfuncionarias como gravísimas cometidas a título de culpa gravísima, y remitió el expediente a la Fiscalía Quinta de la Administración Pública para que sea integrado a la investigación penal que el ente acusador ya adelanta.

El Ministerio Público busca establecer si se vulneraron principios de contratación estatal, si hubo favorecimiento a entidades sin capacidad técnica y si los recursos destinados a impulsar la cultura y el arte en Santander fueron desviados o mal ejecutados.

Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y penales, lo cierto es que el caso ya dejó claro el impacto que puede tener un ejercicio riguroso de vigilancia desde las corporaciones públicas. Sierra, desde su rol como diputado, se convirtió en una de las voces que permitió destapar los posibles manejos indebidos en la Secretaría de Cultura del departamento.