Defender la apropiación de baldíos y confundirla con propiedad privada, ¿será el peor error de Paloma Valencia en su campaña?

La candidata presidencial Paloma Valencia realizó recientemente una férrea defensa a la propiedad de tierras en los Llanos Orientales y acusó al gobierno de Gustavo Petro de intentar una “expropiación encubierta”. Sin embargo, sus declaraciones chocan con decisiones oficiales que han señalado como baldíos varios predios asociados a su entorno familiar y político.

Durante una gira en el Meta, Valencia desestimó las denuncias sobre presuntas irregularidades en la apropiación de tierras por parte de su primo, Nicolás Laserna, y calificó los señalamientos como un ataque político. Afirmó que se trata de una persona “respetable” y sostuvo que las tierras en cuestión fueron adquiridas legalmente. No obstante, evitó profundizar en el hecho de que las autoridades agrarias ya habían emitido decisiones contrarias a esa versión.

El eje más polémico de su intervención fue la defensa de un modelo de ocupación de tierras que, según ella, corresponde a la tradición de los Llanos. “Lo que el Gobierno llama acaparamiento es la forma histórica de propiedad en la región”, aseguró, en una postura que ha sido cuestionada por normalizar la apropiación de baldíos, terrenos que por ley pertenecen a la Nación.

En contraste, la Agencia Nacional de Tierras ha sido enfática en que el caso de la finca “Buenavista”, ubicada en La Primavera, Vichada, Colombia, corresponde a una ocupación indebida de más de 6.000 hectáreas de baldíos. Su director, Felipe Harman, reiteró que existe una decisión de fondo: “no vamos a dejar de decir que es baldío lo que es baldío”.

El proceso judicial y administrativo ha tenido varios giros. Aunque en 2017 decisiones judiciales favorecieron inicialmente a particulares como el exrepresentante Gustavo Londoño García, en 2019 el Tribunal Superior de Villavicencio anuló esos fallos y ordenó devolver el predio al Estado. Posteriormente, la autoridad agraria ratificó el carácter baldío del terreno, lo que llevó incluso a un acuerdo de devolución de más de 6.000 hectáreas por parte de Laserna.

A pesar de estos antecedentes, Valencia insistió en que el verdadero riesgo es que el Estado desconozca la propiedad privada en la Orinoquía. “Quieren quitarle la tierra a los llaneros”, afirmó, en una narrativa que omite que los baldíos, por definición legal, no pueden ser objeto de apropiación por grandes propietarios ni acumulados fuera de los límites establecidos por la ley.

El debate adquiere mayor dimensión política al involucrar a figuras cercanas a su campaña, como Alirio Barrera, señalado en discusiones públicas sobre tierras en la región, en medio de un contexto donde la propia ANT ha advertido que cerca del 30 % de congresistas tendría vínculos con predios baldíos.

Así, mientras la candidata denuncia una supuesta amenaza estatal sobre la propiedad privada, crecen las críticas por lo que sus detractores consideran una defensa selectiva: la de un modelo de tenencia de la tierra que ha sido reiteradamente cuestionado por las autoridades y que, en varios casos, ha terminado con la devolución de extensas áreas al Estado.