En Santander una nueva irregularidad mantiene en alerta a los usuarios de los servicios públicos. Luego de que se revelara y se frenara el cambio, con valores costosos de los contadores por parte del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, ahora una nueva irregularidad se ha develado, precisamente por el Concejal Carlos Parra y el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, quienes han sido receptores de una serie de cobros que serían irregulares los cuales se están realizando por medio de recibos de servicios públicos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El tema no ha sido exclusivo de algunos barrios del Área Metropolitana de Bucaramanga por lo que los denunciantes solicitaron a todos los habitantes del departamento de Santander estar muy pendientes a los cobros relacionados por medio de los recibos.

Los principales reportes hasta el momento han aparecido en municipios como Barrancabermeja desde donde se terminó destapando un patrón nacional pues son varios los municipios del país donde miles de ciudadanos estarían pagando, sin saberlo, seguros de vida, funerarios o asistenciales que jamás autorizaron y que, amparados en tecnicismos, las empresas de servicios públicos han venido cargando mes a mes en sus facturas.

El concejal de Bucaramanga Carlos Parra y el representante a la Cámara por Santander, describieron la actual estrategia como una “jugadita para meterle la mano al bolsillo a la gente”.

La denuncia involucra a empresas en otras regiones del país como Afinia, Emcali y operadoras en Cúcuta, Boyacá, Cartagena y Barrancabermeja. Todos estos casos tendrían un denominador común: cobros efectuados por terceros por medio de los recibos que, según la norma, solo pueden hacerse con autorización expresa y verificable del usuario.

En un mensaje difundido en redes sociales, el concejal Parra expuso ejemplos concretos:

Son cobros ilegales

“Recaudo tercero seguro de vida: $8.900 en facturas de Vanti. Cuota Colmena Seguros: $19.500” que aparece en otros recibos. Esto está pasando en todo el país. Empresas que a mansalva le meten la mano al bolsillo a la gente”, indicó el concejal bumangués quien recordó que la ley prohíbe cualquier cobro no inherente al servicio público que no haya sido autorizado expresamente, y añadió: “Revise su recibo. Tenemos casos de gente que lleva meses pagando esto y hasta ahora se entera. El bolsillo de la gente se respeta”.

Por su parte, el representante a la Cámara por Santander explicó que la investigación surgió en Barrancabermeja, cuando familias reportaron que en su factura de energía aparecían seguros de vida cargados sin autorización.

“Hoy se convierte en un caso nacional. Son muchas las denuncias que nos han llegado”, aseguró. El congresista enumeró ejemplos que están apareciendo en múltiples regiones: Emcali (Cali): seguros funerarios no autorizados; Afinia (Cartagena): cobros bajo la frase “protege tu mundo”; Cúcuta: cargos llamados “Hogar y Prevención”; Vanti (Boyacá y Santander): “Vantimax Vivienda”.

“Estos cobros son irregulares porque nunca tuvieron autorización de los usuarios… en los casos denunciados no existe soporte ni evidencia de consentimiento”, afirmó.

Asimismo, exigieron a la Superintendencia de Servicios Públicos sanciones ejemplares que impidan que la práctica se normalice.

La normativa es clara: Un prestador de servicios públicos solo puede cobrar conceptos no inherentes al servicio si el usuario dio autorización expresa, previa y verificable.

Basta con que el ciudadano lo niegue para que la empresa tenga la obligación de probar documentalmente que obtuvo ese consentimiento. Pero, según los denunciantes, la mayoría de empresas no pueden hacerlo.

Los casos evidencian además una tendencia: los seguros se presentan en la factura con nombres ambiguos o genéricos (“protege tu mundo”, “hogar y prevención”, “bienestar en casa”), lo que dificulta que el usuario identifique que está pagando por un producto adicional y ajeno al servicio.

Pequeños montos, grandes sumas

Aunque los cobros individuales parecen modestos (entre $8.000 y $19.500 mensuales), su repetición en miles de usuarios representa una transferencia millonaria. Un cálculo básico: Si 50.000 usuarios pagan $10.000 mensuales sin saberlo, la cifra anual podría superar los $6.000 millones.

Las autoridades locales sostienen que este tipo de cargos se convierten en “goteos silenciosos” que afectan de forma desproporcionada a familias de ingresos medios y bajos.

Ambos líderes sostienen que la ciudadanía está respondiendo con fuerza. “Lo que estamos viendo”, dijo el representante, “es que la gente empieza a entender que revisar la factura no es una costumbre, sino un mecanismo de defensa”.