Corte Suprema revela presuntas presiones de congresista Conservador en escándalo de la UNGRD

El proceso judicial que adelanta la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra varios congresistas ha sacado a la luz un presunto esquema de presiones políticas y acuerdos ilícitos relacionados con contratos financiados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre los principales implicados se encuentra el representante conservador Wadith Manzur, quien, según la investigación del alto tribunal, habría condicionado su voto en debates del Congreso de la República de Colombia a cambio de beneficios en la asignación de contratos públicos.

De acuerdo con el expediente judicial, las pruebas incluyen chats, testimonios de testigos clave y registros de reuniones que evidenciarían cómo operaba una red de influencia política para direccionar recursos públicos hacia proyectos específicos.

Según la acusación presentada por la Corte, Manzur habría insistido en reiteradas ocasiones en reunirse con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla antes de sesiones parlamentarias decisivas, especialmente en momentos previos a debates relacionados con reformas y con el trámite del presupuesto nacional.

Los mensajes del congresista fueron enviados a María Alejandra Benavides, quien para ese momento se desempeñaba como asesora en el Ministerio de Hacienda. En los chats revelados, el legislador solicitaba reuniones urgentes y advertía sobre posibles consecuencias si no se concretaban los acuerdos.

En una de las comunicaciones citadas por la investigación, Manzur habría señalado: “Si no, no va a funcionar nada (…) el miércoles hay sesión y cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático”, dejando entrever presiones relacionadas con votaciones en el Congreso.

Benavides declaró ante las autoridades que otros congresistas también habrían utilizado estrategias similares para presionar respuestas rápidas sobre proyectos de su interés. Entre los nombres mencionados en la investigación figura la senadora Liliana Bitar.

El expediente también señala que el 31 de octubre de 2023 se llevó a cabo una reunión clave en la que participaron Manzur, Bitar, el representante Julián Peinado Ramírez y el ministro Bonilla. Según el testimonio de la exasesora, en ese encuentro se habría discutido la posibilidad de gestionar proyectos ante la UNGRD.

De acuerdo con la declaración, en esa reunión se habría autorizado la entrega de proyectos financiados por la entidad, estableciendo un reparto aproximado de quince cupos entre los implicados para financiar iniciativas en diferentes regiones del país.

La Corte Suprema también resaltó en su investigación que las comunicaciones relacionadas con estas gestiones se habrían realizado a través de aplicaciones de mensajería cifrada como Signal, además del uso de documentos en sobres sellados, lo que, según el tribunal, evidencia intentos de mantener en reserva las negociaciones.

Entre los dirigentes políticos investigados también aparecen Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz, quienes enfrentarán juicio por su presunta participación en el esquema.

Según la investigación, los legisladores habrían buscado direccionar proyectos hacia municipios donde tenían influencia política, como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, utilizando intermediarios para tramitar los recursos.

El caso ya ha generado consecuencias inmediatas. Manzur y Manrique permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial, y el futuro político de varios de los implicados es incierto.

Si los congresistas investigados continúan detenidos al iniciar la nueva legislatura el 20 de julio, podría aplicarse la figura constitucional conocida como “silla vacía”, que impide que sus partidos reemplacen las curules cuando estas se pierden por delitos relacionados con corrupción.

El escándalo también ha generado cuestionamientos sobre la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo en la asignación de recursos públicos, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las presuntas irregularidades.