Corte constitucional ordenó seguimiento a sus denuncias sobre irregularidades en EPS

El Ministerio de Salud y Protección Social celebró la decisión de la Corte Constitucional, que mediante Auto del 13 de noviembre de 2025 ordenó incorporar al seguimiento constitucional las denuncias penales presentadas por esta cartera, las cuales incluyen: (1) el proceso penal adelantado por la Dirección Especializada contra la Corrupción por presuntas irregularidades en la Nueva EPS, (2) los reportes sobre cobros por servicios médicos a personas fallecidas en diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS), y (3) la denuncia por recobros de medicamentos por encima del precio máximo autorizado por el Estado. El Auto también dispuso que esta información fuera remitida a la Fiscalía General de la Nación para su consideración dentro de las investigaciones en curso.

 Estas conductas que, como es de conocimiento público, han involucrado a distintas EPS durante años no son simples inconsistencias administrativas: pueden configurar delitos, al implicar el posible uso indebido de recursos públicos destinados exclusivamente a garantizar el derecho fundamental a la salud.

Cobrar por servicios supuestamente prestados a personas fallecidas o realizar recobros por encima de los precios regulados constituye un fraude directo al sistema, afecta el patrimonio público y vulnera la confianza de millones de colombianos.

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 dejó claro que estas denuncias harán parte del monitoreo constitucional del sistema de salud. Para este Ministerio, esta decisión confirma lo que ha sido reiterado en múltiples ocasiones: estas irregularidades no son hechos aislados, sino manifestaciones de una falla estructural asociada al modelo de intermediación de las EPS, un esquema que concentra recursos públicos sin suficientes mecanismos de control, permitiendo espacios para manejos opacos, desviaciones y abusos sistemáticos.

El Auto también ordena a la Secretaría General de la Corte remitir formalmente estas denuncias a la Fiscalía General de la Nación, garantizando que los reportes remitidos por esta cartera no permanezcan sin trámite y sean incorporados al acervo investigativo que adelantan las autoridades competentes. Con ello, las denuncias avanzan en una ruta institucional clara y bajo escrutinio constitucional.

Con esta decisión del Alto Tribunal, el Ministerio de Salud destaca que las denuncias elevadas por esta cartera —incluyendo pagos por servicios a personas fallecidas, sobreprecios en medicamentos y posibles desvíos de recursos públicos— cuentan con sustento suficiente para continuar su curso investigativo. Además, este pronunciamiento evidencia la necesidad de que el país refuerce la vigilancia sobre quienes administran los recursos públicos del sistema de salud o, en su defecto, avance hacia modelos que aseguren que dichos recursos lleguen de manera directa, transparente y oportuna a hospitales y clínicas, evitando intermediaciones que han demostrado fallas estructurales.

Este Ministerio enfatiza que el modelo actual de intermediación no puede seguir operando sin controles robustos. Desde una perspectiva institucional, el Gobierno de la Vida sostiene que la arquitectura del sistema debe garantizar trazabilidad en los recursos, auditoría permanente, supervisión directa del Estado y mecanismos de giro que aseguren que el dinero público se traduzca en servicios efectivos. La decisión de la Corte representa un paso decisivo para fortalecer la gobernanza del sistema y cerrar espacios a prácticas irregulares.

Esta cartera reafirma su compromiso de entregar toda la información requerida, acompañar las investigaciones en curso y exigir claridad en las responsabilidades individuales y corporativas. El Gobierno de la Vida recuerda que la salud es un derecho fundamental y que los recursos públicos deben protegerse con absoluta integridad, transparencia y rigor institucional.