Con sanción económica obligan al alcalde de San Gil a poner orden en el Parque Santander

En el corazón de San Gil, el Parque Santander sigue contando una historia que no cabe en los discursos oficiales. No la narran los árboles ni las bancas, sino el eco persistente de una orden judicial ignorada durante años. Una sentencia que debía devolverle el espacio público a la ciudadanía quedó atrapada en el laberinto de la inacción administrativa… hasta ahora.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Resulta que el Tribunal Administrativo de Santander decidió poner un punto firme donde por mucho tiempo solo hubo suspensivos: confirmó la sanción por desacato contra el alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón Rojas, por incumplir una sentencia popular que desde 2018 exigía recuperar el parque y reubicar a los vendedores informales.

El pronunciamiento confirmado este 16 de enero de 2026 no es fruto de una coyuntura política pasajera. Su origen se remonta al 23 de marzo de 2018, cuando el Juzgado Administrativo del Circuito de San Gil amparó varios derechos colectivos vulnerados en el Parque Santander.

Entre ellos, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la defensa de los bienes de uso público y el derecho a un ambiente sano. Entonces la orden fue clara, concreta y con reloj en mano: Recuperar el espacio público en un plazo de ocho meses.

Aquel fallo fue mucho más allá pues también conminó a las autoridades locales a evitar nuevas ocupaciones por vendedores ambulantes, conformar un comité de verificación, con informes periódicos al  juez, diseñar y ejecutar un plan de reubicación, garantizando el derecho al trabajo y el debido proceso.

Sin embargo, los años pasaron y lo único que se materializó en el tiempo fue el incumplimiento, en medio de nuevos recursos judiciales para tratar de echar por tierra el primer fallo.

Pese a los intentos, la sentencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en marzo de 2022. Desde entonces, el tiempo siguió su curso, y pese al carácter imperativo de las órdenes judiciales, no hubo eco en la administración municipal pues más de tres años después de estar en firme el fallo, el Parque Santander continuaba ocupado, sin recuperación efectiva, sin reubicación y sin comité funcionando.

Por el contrario, fotografías aportadas al proceso demostraron que la realidad del espacio público seguía siendo la misma, como si la sentencia nunca hubiera existido.

La historia tiene un nuevo capítulo judicial el 16 de septiembre de 2025, cuando el ciudadano Haroldo Antonio Linero Pérez pidió formalmente la apertura del incidente de desacato.

Sus argumentos fueron contundentes: incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales, persistencia de la ocupación del parque, inexistencia de planes de reubicación, total inactividad del comité de verificación.

Con esta solicitud, el juzgado abrió el trámite el 26 de noviembre de 2025 y notificó al alcalde por múltiples correos oficiales y personales. La respuesta fue el silencio. No hubo descargos. No hubo pruebas. No hubo explicaciones.

Tras el análisis del caso, el 15 de diciembre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil declaró configurado el desacato y sancionó al alcalde con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como lo exige la Ley 472 de 1998, la decisión pasó automáticamente a consulta ante el Tribunal Administrativo de Santander. El Tribunal habló… y confirmó. Ahora, falta ver si con la sanción vigente la administración local se decide a darle cumplimiento al mandato judicial.

Este fallo deja una advertencia que trasciende a San Gil: las sentencias judiciales no son sugerencias administrativas ni promesas de campaña. Son mandatos obligatorios, y su incumplimiento tiene consecuencias personales para quien decide ignorarlas.