CNE definirá la próxima semana supuesta inhabilidad de Cristian Portilla para las elecciones atípicas de Bucaramanga
Resumen
El CNE evalúa la posible inhabilidad de Cristian Portilla, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, solicitando pruebas a varias instancias. Aunque no suspende la candidatura, continúa el proceso de verificación.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este jueves su primer pronunciamiento frente a la inscripción de Cristian Portilla Pérez como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga para las elecciones atípicas del 14 de diciembre de 2025, manteniendo la candidatura vigente pero con la posibilidad de que ello cambie hasta tanto no se analicen una serie de pruebas que el CNE solicitó a varias instancias institucionales, entre ellas, los partidos políticos que lo avalaron así como a la Alcaldía de Bucaramanga donde Portilla trabajó como asesor jurídico.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
En su decisión inicial, el organismo negó la suspensión provisional de la candidatura, medida que había sido solicitada por los ciudadanos Carlos Saúl Sierra Niño, Yanit María Velázquez y el representante a la Cámara Fabián Díaz Plata, quien dentro de este proceso actúan como demandantes.
Sin embargo, aunque descartó la medida cautelar, el CNE abrió un periodo de requerimientos y verificación para avanzar en el estudio de las presuntas inhabilidades atribuidas al candidato.
Por ejemplo, el tribunal electoral ordenó a Portilla presentar, en un plazo de un día, un escrito en el que exponga su versión sobre los hechos cuestionados y aporte las pruebas que considere necesarias “en ejercicio del derecho de defensa y contradicción”.
La misma obligación fue extendida a los partidos La U, Centro Democrático y Cambio Radical, que inscribieron la candidatura. Estas colectividades deberán pronunciarse sobre las denuncias y remitir soportes que respalden su posición.
El CNE también pidió a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional remitir, en un día hábil, los formularios y anexos de inscripción de Portilla.
A su vez, la Registraduría Especial de Bucaramanga deberá pronunciarse sobre el proceso puntual de inscripción y entregar los documentos relacionados con dicho trámite.
Por otra parte, el organismo electoral solicitó a la administración municipal certificar si Cristian Portilla ha tenido o mantiene contratos o vínculos laborales con la Alcaldía entre el 1 de diciembre de 2024 y la fecha actual.
También deberá informar la competencia territorial de los cargos que haya ocupado y aportar los correspondientes manuales de funciones, insumos clave para establecer si hubo ejercicio de autoridad que pudiera generar inhabilidad.
La versión de la campaña: “Portilla no está inhabilitado”
Mientras el CNE avanza en la verificación administrativa, la campaña del candidato divulgó un concepto del abogado y especialista en derecho electoral José Vicente Sánchez Barrera, quien concluye que no existe ninguna causal de inhabilidad que impida la aspiración de Portilla.
Según el análisis jurídico, Cristian Portilla no estaría inhabilitado pues a su juicio no ejerció autoridad administrativa debido a que el cargo de Asesor 105 grado 26 no conlleva funciones de dirección, sanción, ordenación del gasto o firma de actos administrativos.
Además, aseguraron que las labores de supervisión de contratos no generan inhabilidad, pues no implican poder sancionatorio ni control decisorio, y que la participación en comisiones (como la Comisión de Personal y la Comisión de Seguimiento Sindical) no representa autoridad individual, al tratarse de órganos colegiados.
Agregaron que tampoco existe inhabilidad por parentesco, ya que los familiares mencionados no están dentro de los grados prohibidos ni ejercen autoridad y que la intervención en contratos no configura autoridad, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
La renuncia al cargo como candidato, que supuestamente generaría inhabilidad, desde la campaña de Portilla mantienen la tesis de que la misma nunca fue aceptada por la Registraduría, por lo que, supuestamente, no produjo efectos jurídicos. Finalmente, la campaña sostiene que los cuestionamientos que motivaron la solicitud ante el CNE son “argumentos políticos sin soporte jurídico”.
