Caso UNGRD: Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco a prisión por pícaros y corruptos
Resumen
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó prisión para exministros Bonilla y Velasco, acusados de corrupción al manejar recursos públicos para apoyar proyectos gubernamentales. La decisión intensifica las medidas contra el presunto esquema. El caso avanza mientras ellos apelan.
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La justicia consideró insuficiente la detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía y ordenó la captura inmediata de los exministros del gobierno Petro, señalados de liderar un presunto entramado de corrupción para comprar apoyos políticos con recursos públicos.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves el envío a prisión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Rosero Baquero, quien impuso medida de aseguramiento intramural y dispuso la captura inmediata de ambos exfuncionarios.
Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Aunque el ente acusador había solicitado que la medida se cumpliera en prisión domiciliaria, el Tribunal concluyó que no se cumplieron los requisitos legales para conceder ese beneficio.
Una decisión que endurece la medida
En su argumentación, la magistrada Rosero señaló que la Fiscalía no sustentó de manera suficiente por qué los investigados podían acceder a la detención en casa. Además, advirtió que, dada la gravedad de los hechos, el rol dominante que habrían tenido los exministros dentro del presunto esquema criminal y el volumen de recursos comprometidos, la prisión domiciliaria corría el riesgo de convertirse en una medida meramente formal, sin impacto real para garantizar los fines del proceso penal.
Por estas razones, el Tribunal sustituyó la solicitud inicial y ordenó que ambos exfuncionarios fueran recluidos en un centro carcelario mientras avanza la investigación.
El presunto entramado de corrupción
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían sido las cabezas de un plan criminal orientado a comprar el respaldo de congresistas a proyectos clave del Gobierno nacional, a cambio del direccionamiento de contratos financiados con recursos públicos.
El ente investigador sostiene que, durante 2023, los exministros habrían comprometido más de 612.000 millones de pesos en contratos destinados a asegurar votos favorables en el Congreso, especialmente para iniciativas emblemáticas del Ejecutivo como la reforma pensional y la reforma a la salud.
De ese monto, cerca de 571.000 millones de pesos corresponderían a 174 proyectos del Invías, mientras que otros más de 40.000 millones estarían relacionados con cinco proyectos de la UNGRD, entidad que se convirtió en el epicentro del escándalo.
Reacciones y defensa
Durante la diligencia judicial, Ricardo Bonilla asistió de manera presencial al Tribunal Superior de Bogotá, mientras que Luis Fernando Velasco participó de forma virtual. Ambos se declararon inocentes de los cargos imputados y aseguraron que demostrarán su falta de responsabilidad a lo largo del proceso.
Tras conocerse la decisión, tanto la Procuraduría General de la Nación como las defensas de los exministros anunciaron la interposición de recursos contra la medida de aseguramiento, en un intento por revertir la orden de encarcelamiento.
Un proceso que apenas comienza
Con esta decisión, el caso UNGRD entra en una nueva fase, marcada por una postura más severa del Tribunal frente a uno de los escándalos de corrupción más sensibles del actual gobierno. Mientras la investigación continúa, Bonilla y Velasco deberán afrontar su estrategia de defensa desde prisión, en un proceso que promete seguir generando fuertes repercusiones políticas y judiciales en el país.
La justicia, por ahora, dejó claro que la magnitud de los hechos y la jerarquía de los implicados exigen una respuesta contundente, mientras se define su responsabilidad penal en los estrados.
