Bucaramanga en manos de una maquinaria que ojalá engrane bien
Lo bueno, lo malo, lo feo y la expectativa con el nuevo Alcalde
Los ciudadanos, medios y órganos de control deben fijar exigencias no negociables como transparencia total en contratos y adjudicaciones, evaluación externa de la política de seguridad con indicadores públicos.
En la elección atípica de este domingo14 de diciembre, Bucaramanga no ganó un Alcalde, sino que heredó una continuidad política que viene empaquetada con promesas de mano dura y advertencias de desgaste institucional, empaquetada en el ‘ropaje’ de Jaime Andrés Beltrán.
La llegada de Cristian Fernando Portilla Pérez lo que menos representa es un cambio de modelo que la consumación del proyecto de Jaime Andrés Beltrán Martínez, apalancado en fachada de seguridad, retórica y un problema pendiente que nadie ha resuelto, cómo transformar el poder en políticas públicas de largo plazo sin convertir la ciudad en botín de lealtades.
Portilla Pérez obtuvo la Alcaldía en unas elecciones atípicas marcadas por el abstencionismo y el peso de la maquinaria política. Su victoria tiene más que ver con la sucesión ordenada de una fracción política que con un mandato claro y plural.
La mayoría de los electores se mantuvo al margen, frustrada o indiferente, y eso reduce la legitimidad política sobre la que debe construirse cualquier gobierno efectivo.
LO BUENO: continuidad operacional y decisiones rápidas
Reconocer lo positivo no es un acto de ingenuidad. El equipo que acompaña a Portilla conoce la estructura administrativa; su programa, “Con paso firme, Bucaramanga avanza”, detalla ejes de seguridad, inversión en obra pública y agilización administrativa que, en manos técnicas y con control fiscal, pueden acelerar respuestas operativas y culminar proyectos de infraestructura largamente demandados por la ciudad. Si existe disciplina técnica y control independiente, la continuidad puede traducirse en resultados visibles en plazos cortos.
LO MALO: la política como caja chica y la seguridad como excusa
Pero el reverso de esa agilidad es la tentación de gobernar por discrecionalidad. Portilla no es un improvisado: fue secretario privado de Beltrán y su candidatura fue leída desde el inicio como la continuidad del beltranismo. Esa condición lo vuelve vulnerable a prácticas clientelistas y a priorizar redes de lealtad por encima del mérito técnico.
La seguridad, además, corre el riesgo de convertirse en parámetro único de éxito; políticas como el llamado “Plan Candado” demostraron que la mano dura puede generar resultados inmediatos pero también choques jurídicos y anulaciones cuando se atropellan garantías ciudadanas. Si la respuesta administrativa se concentra en medidas reactiva y simbólicas, la ciudad perderá la oportunidad de invertir en prevención social.
LO FEO: lecciones no aprendidas y peligro real de erosión institucional
La destitución de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia es una alarma que no admite relativismos. El fallo del Consejo de Estado subraya que las reglas y límites legales existen y que su vulneración tiene costo institucional. Repetir patrones —insistir en la concentración de poder, blindar decisiones desde la cercanía personal o usar la administración como estructura clientelar— conducirá a nuevos choques con la justicia y a la parálisis de la gestión pública. La ciudad no puede permitirse ciclos en los que la política local se convierte en terreno de impunidad administrativa.
Escenarios probables y por qué importan
Primero: administración eficiente con control fiscal — posible, si Portilla abre los contratos a auditoría, profesionaliza equipos y limita la injerencia política en decisiones técnicas.
Segundo: polarización y litigio — probable si se insiste en decretos y medidas sin sustento jurídico — eso generará demandas, anulaciones y desgaste político.
Tercero: captura institucional — peligroso y real si la lealtad sustituye al mérito; en este escenario, la ciudad retrocede en gobernabilidad y calidad de servicios. Cada uno de estos caminos tendrá un costo directo sobre la seguridad, la movilidad y la inversión social que Bucaramanga necesita.
Los ciudadanos, medios y órganos de control deben fijar exigencias no negociables como transparencia total en contratos y adjudicaciones, evaluación externa de las políticas de seguridad con indicadores públicos; comités técnicos independientes para obra pública; y sanciones reales para prácticas clientelistas.
Oportunidad de brillar o continuidad tóxica
No se trata de obstaculizar la gestión, sino de impedir que la gestión se convierta en botín. Un Gobierno legítimo no teme auditorías; quien las evita, tiene algo que esconder.
Cristian Portilla tiene la posibilidad histórica de romper la cadena de improvisaciones y convertir una victoria política en un gobierno orientado a resultados institucionales y sociales.
Pero esa oportunidad requiere algo que la retórica no garantiza: temple para priorizar instituciones por encima de lealtades y valentía para corregir los errores del antecesor.
Si opta por lo contrario, la ciudad pagará caro la factura. Bucaramanga merece más que promesas de mano dura: necesita políticas que sostengan la seguridad con prevención, que modernicen la gestión y que restauren la confianza en lo público.
