Alias Ojos Azules: el prestigioso empresario que se alió a los ‘paras’ para jugar a ser ‘el dedo de Dios’
Resumen
El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a 30 años a Darío Laíno Scopetta, alias “Ojos Azules”, por homicidio en persona protegida. Fue identificado como comandante paramilitar del Frente “José Pablo Díaz” de las AUC, controlando crímenes en el Atlántico. Reivindicación de víctimas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución que favorecía a Darío Laíno Scopetta, conocido con los alias “JM”, “M1” y “Ojos Azules”, y lo condenó a 30 años de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
La decisión, adoptada el pasado 11 de febrero de 2026, constituye la segunda condena en su contra y lo ubica como comandante paramilitar, descartando su presunto rol como simple financiador.
La sentencia establece que Laíno Scopetta ejercía funciones de mando dentro del Frente “José Pablo Díaz”, estructura adscrita a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operó en el departamento del Atlántico bajo el liderazgo de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y Salvatore Mancuso. Según el fallo, su posición dentro de la cadena de mando le otorgaba control sobre la estructura armada y responsabilidad directa por los crímenes cometidos bajo su dominio.
La condena se relaciona con el asesinato de Adalberto Miguel Santamaría Peña y Neftalí Romero Gutiérrez, ocurrido el 12 de mayo de 2001 en Barranquilla. Las víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta en plena vía pública, en un hecho que durante años permaneció envuelto en disputas judiciales, absoluciones y controversias probatorias.
En su decisión, el Tribunal concluyó que el doble homicidio no correspondía a un crimen común, sino que hacía parte de la estrategia de control territorial ejercida por las AUC en el Caribe colombiano a comienzos del siglo XXI, en el marco del conflicto armado interno.
La Sala aplicó la figura de autoría mediata en aparatos organizados de poder, un criterio jurídico que establece responsabilidad penal para quienes, sin ejecutar directamente el crimen, tienen control efectivo sobre una organización jerarquizada que lo comete.
Bajo este análisis, el Tribunal consideró que la responsabilidad de Laíno Scopetta se derivaba de su posición de mando dentro de la estructura paramilitar, con capacidad de decisión y dominio funcional sobre sus integrantes.
La decisión de segunda instancia revaluó las pruebas presentadas, incluyendo testimonios, el contexto de macrocriminalidad y el funcionamiento del frente paramilitar en la ciudad, concluyendo que existían elementos suficientes para establecer su responsabilidad.
Pena, captura y efectos del fallo
Además de la condena a 30 años de prisión, el Tribunal impuso una inhabilitación de 10 años para ejercer funciones públicas, negó beneficios como la prisión domiciliaria y ordenó su captura inmediata. Contra la sentencia solo procede el recurso de impugnación especial, al tratarse de una primera condena emitida en segunda instancia.
Laíno Scopetta permanece recluido en una cárcel colombiana desde 2022, tras hacerse efectiva una orden de captura vigente.
Más allá de la pena impuesta, el fallo tiene implicaciones de fondo: redefine el papel de Laíno Scopetta dentro del entramado paramilitar en el Atlántico, reconoce la relevancia jurídica de la cadena de mando en estructuras armadas ilegales y vincula el caso con el patrón de violencia que marcó la región a comienzos de los años 2000.
La sentencia también reactiva el debate sobre las responsabilidades en crímenes del conflicto armado y reivindica, 24 años después, los nombres de las víctimas como parte de un proceso judicial que continúa esclareciendo el alcance del poder paramilitar en la región Caribe.
