Alertas por demoras y antecedentes disciplinarios rodean el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez

El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez representa una inversión estratégica destinada a mejorar la cobertura de servicios básicos, optimizar la gestión del agua y fortalecer la infraestructura sanitaria del municipio. Sin embargo, los retrasos actuales y los antecedentes disciplinarios evidencian debilidades en la planeación, supervisión y ejecución del proyecto.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Vélez, en el departamento de Santander, vuelve a estar en el centro del debate público tras una reciente advertencia de la Procuraduría General de la Nación, que detectó retrasos recurrentes en el desarrollo de las obras y solicitó medidas urgentes para evitar mayores afectaciones a la comunidad y posibles responsabilidades disciplinarias.

La intervención del organismo de control no solo responde a las dificultades actuales en la ejecución del proyecto, sino también a antecedentes sancionatorios relacionados con el mismo contrato, lo que incrementa la preocupación institucional sobre la correcta ejecución de una obra considerada clave para la infraestructura sanitaria y el bienestar de la población.

En ejercicio de su función de vigilancia preventiva, el ente de control mantiene seguimiento permanente al contrato 267 de 2025, correspondiente a la ejecución del Plan Maestro, tras recibir reportes sobre obstáculos para el ingreso a frentes de obra y demoras en el cumplimiento del cronograma establecido.

La entidad requirió formalmente al contratista, a la interventoría y a las autoridades competentes que informen de manera detallada los avances reales de la obra, los planes de contingencia adoptados, las acciones correctivas implementadas para mitigar retrasos así como las medidas para evitar afectaciones a la movilidad y a la comunidad.

El llamado institucional busca anticipar riesgos administrativos, técnicos y sociales que podrían derivarse de una ejecución deficiente o tardía del proyecto, cuyo impacto trasciende la infraestructura y alcanza directamente la calidad de vida de los habitantes.

Las dificultades reportadas incluyen problemas de acceso a zonas de trabajo, ajustes operativos en campo y posibles tensiones con la comunidad, factores que han ralentizado el avance previsto de las intervenciones.

Por ejemplo, la Procuraduría enfatizó la necesidad de implementar controles técnicos rigurosos durante la ejecución de las obras. Entre las recomendaciones prioritarias se destacan inspecciones periódicas antes y después de cada jornada laboral, verificación del estado de tuberías y canales, prevención de taponamientos u obstrucciones y la identificación temprana de riesgos que puedan generar emergencias o daños a terceros.

Estas advertencias responden al carácter sensible de las obras de acueducto y alcantarillado, cuya ejecución defectuosa puede generar impactos sanitarios, ambientales y estructurales de alto costo social.

Por otra parte, el organismo de control también subrayó la importancia de fortalecer el acompañamiento social del proyecto, un aspecto que ha cobrado especial relevancia ante el malestar ciudadano derivado de los retrasos y las intervenciones urbanas. En ese sentido, solicitó canales efectivos para atender peticiones, quejas y reclamos, estrategias de comunicación directa con la ciudadanía, mecanismos de participación comunitaria en el seguimiento del proyecto.

En este contexto, la Procuraduría considera que la atención oportuna de las inquietudes ciudadanas es fundamental para prevenir conflictos sociales y garantizar la protección de los derechos colectivos.

Sanciones previas

El proceso actual se desarrolla en un contexto marcado por decisiones disciplinarias anteriores. La Procuraduría sancionó al interventor del contrato de obra pública celebrado entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander y la Unión Temporal encargada del Plan Maestro, al encontrar graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

El sancionado, Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, recibió una sancion equivalente a una inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de los hechos.

Según el ente de control, el interventor no exigió estándares adecuados de calidad en los materiales utilizados ni verificó la correcta ejecución de la obra. Como consecuencia de estas omisiones, varios tramos intervenidos entre 2021 y 2022 presentaron graves deterioros, entre ellos disgregación y desintegración del pavimento, aparición de baches,  fisuras longitudinales, hundimientos en la estructura vial, dando paso a la posibilidad de levantar y reconstruir sectores completos.

Entonces, la falta fue calificada como gravísima con culpa gravísima por desatención elemental de sus deberes. La decisión puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.