En el Concejo de Bucaramanga se está cocinando uno de los debates más delicados sobre el futuro financiero de la ciudad. No se trata de una discusión menor ni de un trámite burocrático cualquiera. En el centro del huracán político se encuentra un posible empréstito multimillonario que la administración municipal pretende solicitar para financiar obras de infraestructura, pero que hasta ahora permanece envuelto en un espeso manto de incertidumbre.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El protagonista de esta controversia es el concejal Diego Lozada, quien decidió elevar el tono del reclamo contra la administración municipal. El cabildante no solo cuestiona la falta de claridad sobre el monto del endeudamiento, sino que además interpuso una acción de tutela para obligar a la Alcaldía a revelar la información que, según denuncia, se ha negado sistemáticamente a entregar.

Detrás del debate aparece la administración municipal encabezada por el alcalde Cristian Portilla, que heredó una serie de proyectos de infraestructura planteados en el anterior gobierno del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Sin embargo, para Lozada, el problema no es la construcción de obras. El problema es que la ciudad podría estar a punto de asumir una deuda monumental sin que exista información pública clara sobre su destino.

La controversia comenzó a tomar forma cuando la Alcaldía empezó a hablar de la necesidad de solicitar un empréstito para financiar diferentes obras urbanas. Pero lejos de aclararse con el tiempo, las cifras han mutado como si fueran números escritos en arena.

Según explicó Lozada, el valor del préstamo ha tenido variaciones drásticas en cuestión de meses. “Primero se habló de 250 mil millones de pesos. Luego la cifra subió a 300 mil millones. Más adelante se mencionaron 350 mil millones. Hoy, según lo que ha escuchado el concejal en declaraciones informales y ruedas de prensa, el monto podría ubicarse entre 550 mil y 600 mil millones de pesos”, indicó el corporado quien aseguró que este vaivén financiero es una señal preocupante.

“Imagínense si hubiéramos aprobado el empréstito cuando lo radicaron por 250 mil millones. Entonces después nos dirían que faltaba plata para las obras o que estaban mal planeadas”, cuestionó. El concejal sostiene que esta fluctuación revela improvisación en la planeación financiera de la administración municipal.

El silencio administrativo

que terminó en una tutela

Pero la preocupación del cabildante no se limita al monto de la deuda. Según denuncia, el verdadero problema es que la Alcaldía no ha respondido de manera clara a las solicitudes formales de información.

Lozada asegura que radicó derechos de petición solicitando detalles sobre las obras que se financiarían con el empréstito, el valor estimado de cada proyecto, los estudios técnicos y financieros, los permisos ambientales y los cronogramas de ejecución. Sin embargo, afirma que las respuestas nunca llegaron.

Ante lo que considera un bloqueo informativo, el concejal decidió acudir a la justicia. “Es muy harto para un concejal radicar un derecho de petición y que no se lo respondan. Nos tocó acudir a una acción de tutela para que entreguen la información”, señaló.

Ahora será un juez constitucional quien determine si la administración municipal vulneró el derecho fundamental de acceso a la información pública.

Mientras el proceso judicial avanza, una pregunta permanece sin respuesta clara: ¿en qué se gastarían los recursos del empréstito? El concejal Lozada asegura que en su solicitud de información planteó interrogantes sobre al menos ocho o nueve proyectos que han sido mencionados por la administración municipal.

Entre ellos figuran:

·         La solución vial de la carrera 45 con calle 9

·         La ampliación de la 2W

·         Intervenciones en la zona del puente El Bueno

·         La reorganización urbana de Plaza San Mateo

·         La construcción de canchas de squash bajo los puentes de la Puerta del Sol

·         La construcción de un Centro de Traslado por Protección

·         Modificaciones al acceso vial del sector del Diamante

El problema, según Lozada, es que ninguno de estos proyectos ha sido presentado oficialmente con estudios completos. “Queremos saber cuánto cuestan, qué predios se van a comprar, si tienen permisos ambientales y cuándo se entregarían”, afirmó.

Otra de las preocupaciones planteadas por el concejal tiene que ver con la capacidad real de ejecución del gobierno municipal. Lozada advierte que muchas de las obras que se pretenden financiar con el empréstito ni siquiera podrían terminarse durante el actual periodo de gobierno.

Esto abriría la puerta a que futuros gobiernos hereden proyectos inconclusos junto con la deuda adquirida para financiarlos. “Si esas obras la mayoría no las va a alcanzar a entregar el alcalde, entonces hay que preguntarse qué sentido tiene endeudar a la ciudad ahora”, sostuvo.

Pero quizás el argumento más contundente del concejal apunta a otro frente: la baja ejecución presupuestal de algunas dependencias del municipio. Según sus cifras, la Secretaría de Infraestructura ni siquiera habría alcanzado a ejecutar el 60 % de su presupuesto, lo que dejaría cerca de un 40 % de los recursos sin gastar.

Para Lozada, esta realidad contradice el discurso de que la ciudad necesita urgentemente endeudarse para hacer obras. “Si la plata no se está ejecutando, entonces el problema no es de recursos, el problema es de gestión”, afirmó. La crítica golpea directamente la credibilidad administrativa del gobierno municipal.