Alcalde de California exige reactivación de compromisos del Gobierno para formalización minera

Por medio de EL FRENTE, el alcalde del municipio de California, Danilo Valbuena Pabón, efectúa un llamado urgente al Gobierno Nacional para reactivar los compromisos adquiridos en materia de formalización minera, tras la detención de siete ciudadanos pertenecientes a la comunidad minera tradicional de la región el pasado 27 de mayo.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

De acuerdo con lo que manifestó el mandatario californiano, los detenidos son pequeños mineros que ejercen esta actividad de manera pacífica, con la expectativa legítima de acogerse a los procesos de legalización y formalización anunciados previamente por las autoridades nacionales.

“Nos preocupa profundamente que, ante la falta de avances institucionales, se continúe criminalizando a quienes han desarrollado históricamente la minería como medio de sustento. Esta es una actividad culturalmente arraigada en nuestra comunidad”, advirtió el mandatario local.

El alcalde solicitó al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de Bucaramanga (CDMB) y la Gobernación de Santander, que se reanuden las mesas técnicas suspendidas desde hace casi un año, donde se venía trabajando en rutas de formalización para los mineros tradicionales.

Según lo que explicó, uno de los principales avances de esas mesas fue la identificación de zonas estratégicas para la legalización minera, como el Bloque 736, declarado como zona de reserva minera. Este territorio fue posteriormente excluido por el Ministerio de Ambiente, mediante la Resolución 0221 de 2025, para permitir procesos de legalización orientados a pequeños mineros locales.

El pronunciamiento también recuerda que normativas como la Ley 2250 de 2022 y la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026), reconocen los derechos de los pequeños mineros y ordenan promover su formalización con enfoque territorial y criterios de sostenibilidad ambiental.

Ante esta situación, la administración municipal solicitó a las autoridades competentes una evaluación urgente del estatus jurídico de los detenidos, reconociendo su carácter de mineros tradicionales y garantizando el acceso a los mecanismos de formalización previstos por la ley.

Finalmente, el alcalde Valbuena reiteró el compromiso de su gobierno con una minería “legal, responsable y sostenible”, y pidió a los medios de comunicación abordar esta situación con responsabilidad, evitando la estigmatización de la comunidad minera.

“La salida debe ser el diálogo, la acción conjunta y el cumplimiento de los compromisos institucionales. Solo así será posible avanzar hacia una verdadera formalización minera, sin exclusiones”, concluyó.

Incumplimientos de MinAmbiente

El pronunciamiento del mandatario del municipio de California se conoce un día después de la Ministra de Ambiente, Lena Estrada visitara la provincia de Soto, en la localidad de Vetas, donde la comunidad le reclamó con vehemencia a la jefa de la cartera ambiental por sus retrasos en la delimitación del páramo de Santurbán.

Con estudios técnicos y jurídicos las comunidades justificaron su petición, en medio de un evento que contó con la presencia de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y ambientales, y líderes sociales y políticos.

“Es evidente que la Ministra Lena Estrada llegó a cumplir una orden y a leer un concepto que ni ella ni su equipo hicieron. Ella tiene un total desconocimiento del tema porque abiertamente pidió los respaldos técnicos y jurídicos que ya los vetanos habíamos presentado desde hace mucho tiempo. A todos los que hemos pasado por más de 32 reuniones de delimitación nos quedó claro que ella no conoce a profundidad este proceso y hasta tuvo que suspender por media hora la reunión mientras preparaba una presentación más aterrizada a la realidad”, dijo Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y la Fundación Dignidad Minera.

El encuentro, lejos de ser un espacio de diálogo abierto y democrático, se convirtió en una clara expresión de malestar, frustración y cansancio por los reiterativos incumplimientos frente a la Sentencia T-361 de 2017, que ordenó la delimitación participativa del Páramo de Santurbán, y así como por las demás medidas impuestas a la fuerza que acaban con la vocación minera de más de 400 años y los condena a la ilegalidad.