Abusos con cobros imperceptibles por compañías de telefonía celular

Las empresas de telefonía celular e internet que operan en Colombia han perfeccionado una estrategia silenciosa y efectiva para extraer dinero de los bolsillos de millones de usuarios, en todo el país.

Bajo el disfraz de cobros mínimos, de cien, doscientos y hasta quinientos pesos, en cada factura mensual, estas compañías han convertido lo que parece un monto irrisorio en una fortuna acumulada de al menos cien mil millones de pesos anuales.

La trampa radica en la insignificancia, aparente, del cobro. Un usuario que revisa su factura difícilmente se detiene a cuestionar un aumento de quinientos pesos. No representa una suma que motive reclamos, pero multiplicado por millones de clientes, se transforma en un caudal de dinero que fluye sin control hacia los bolsillos de los propietarios y accionistas de Movistar, Claro, Tigo y otras operadoras.

El costo del minuto y el servicio de internet ya es elevado, y las tarifas deberían ser claras y fijas. Sin embargo, estas empresas recurren a cobros imperceptibles que se suman miles de millones mes a mes y encarecen el servicio sin explicación alguna.

No se trata de ajustes en la tarifa oficial ni de un cobro justificado por un servicio adicional. Es, sencillamente, una estratagema para incrementar sus ganancias a costa de la falta de atención del usuario promedio.

El problema no es sólo el costo que le incrementan a la factura mensual, sino la falta de transparencia y regulación. Si un solo usuario paga estos montos sin darse cuenta, el impacto es nulo.

Pero cuando se aplica sistemáticamente a millones, la cifra final es monumental. Este dinero, que bien podría destinarse a mejorar la calidad del servicio o a reducir las tarifas, termina por favorecer a un reducido grupo de beneficiarios dentro de las mismas empresas.

Bajo estos parámetros, el Gobierno nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, y los organismos de control deben tomar acciones drásticas e inmediatas.

Es inaceptable que, en un mercado regulado, donde la prestación de estos servicios es esencial para el desarrollo y la conectividad del país, se permita ese abuso con cobros imperceptibles por parte de las compañías de telefonía celular, sin mayor supervisión.

Las preguntas son ineludibles. ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿Cuál es la justificación de esos cobros? ¿Por qué no existe una explicación clara en las facturas?

El consumidor colombiano merece respuestas. Las autoridades deben investigar, exigir transparencia y sancionar si es necesario. La población, por su parte, debe revisar sus facturas con detenimiento y exigir claridad.

Este modelo de negocio, basado en cobros graduales encubiertos, aunque mínimos, no sólo es una arbitrariedad, sino un reflejo de la falta de regulación efectiva en un sector que se embolsilla miles de millones de pesos a costa del usuario.

Esta voz de alerta está dada. Ahora, corresponde a las autoridades actuar con celeridad para desmontar esa jugosa estratagema de apoderarse, de forma sutil, del dinero de los colombianos.