Santander ha dejado de recibir 1600 millones de pesos del peaje de la Mesa de Los Santos

El peaje que volvió a manos públicas y destapó lo que muchos no querían que se supiera.

Por: Andrés Felipe Quijano Silva / EL FRENTE

Durante varias décadas, el peaje de la Mesa de los Santos fue administrado por privados bajo modelos de concesión que prometían modernidad, mantenimiento vial y desarrollo regional. Ese relato, repetido durante años, terminó por derrumbarse cuando la Gobernación de Santander retomó el control en 2024.

Desde entonces, el departamento comenzó a exhibir, con hechos y no con discursos, lo que la infraestructura vial nunca recibió pese a que millones de pesos ingresaban diariamente a la caja del concesionario. Lo que para muchos era un simple peaje terminó convertido en el espejo de un modelo agotado, opaco y difícil de justificar.

Hoy, con el peaje en manos públicas, el contraste es tan evidente que resulta incómodo para quienes se beneficiaron del viejo sistema. Por primera vez en años, las vías están siendo intervenidas con maquinaria visible, con pintura nueva, con señalización renovada y con servicios de ambulancia y grúa operando 24 horas.

Pero la recuperación del corredor turístico más importante del departamento no ha estado exenta de tensiones. Algunos sectores de la comunidad, inconforme con decisiones heredadas del pasado, han levantado las talanqueras durante semanas, provocando pérdidas millonarias que afectan directamente las obras que hoy sí se están ejecutando.

Lo que está en discusión no es solo un peaje. Es la dignidad de un territorio que exige transparencia e inversión en el manejo de los recursos del peaje, que por años fue administrado desde escritorios privados ajenos a la realidad de la región, con total indiferencia frente a las problemáticas del deterioro de la vía que conduce de la capital santandereana al municipio de Los Santos.

El fin del modelo que no dejó obras

Durante cuarenta años, dos concesionarios privados —primero Fundemesa y luego Construir— administraron el peaje bajo un esquema que, en teoría, garantizaba el mantenimiento de la vía.

Sin embargo, los resultados fueron contrarios a las promesas. Los habitantes de la Mesa de los Santos recuerdan huecos eternos, señalización deteriorada, maquinaria inexistente y un silencio administrativo absoluto. Las tarifas subían, pero las obras no aparecían.

Con la llegada del nuevo gobierno departamental, encabezado por el Mayor General (r) Juvenal Díaz Mateus, comenzó la reversión de la concesión debido a que la última de ellas estaba llegando al fin de su vida jurídica. El proceso, complejo desde lo técnico, avanza con fiscalización detallada: recibo de activos, revisión del flujo histórico de recursos y evaluación de las obras que debieron ejecutarse y no se hicieron. La fotografía preliminar deja más preguntas que respuestas.

Al asumir la operación directa, el departamento se encontró con lo que muchos sospechaban: el peaje era un excelente negocio… pero para unos pocos. Mientras las vías colapsaban, el recaudo terminaba engordando bolsillos privados. Hoy, con la operación en manos públicas, se confirma que el corredor sí era rentable y que sí era posible invertir en la carretera, siempre y cuando el dinero no se desvaneciera camino a ningún lado.

La administración pública demuestra que sí se podían hacer obras

Desde enero, la Gobernación delegó en el IDESAN la operación del peaje, garantizando que el recaudo llegara completo a las arcas departamentales. Paralelamente, la Secretaría de Infraestructura asumió la ejecución directa de las obras, pero se encontró con un obstáculo natural del sector público: nadie puede contratar sin tener recursos en caja. Fueron necesarios seis meses de recaudo continuo para contar con el presupuesto suficiente y abrir los procesos contractuales.

Apenas el dinero estuvo disponible, comenzaron los trabajos: mantenimiento de vías secundarias, intervención de puntos críticos, señalización, pintura, rocería y ajustes en varios tramos. El antes y el después es tan evidente que algunos sectores, acostumbrados a la opacidad de las concesiones, prefieren mirar hacia otro lado.

Por primera vez, la administración departamental exhibe maquinaria trabajando todos los días y presenta soportes verificables del destino de cada peso. El peaje dejó de ser un negocio privado y se convirtió en una herramienta pública de desarrollo.

El bloqueo de las talanqueras: la protesta que golpea al mismo territorio

Sin embargo, la transición no ha sido fácil. Un sector de la comunidad ha mantenido bloqueadas las talanqueras durante casi dos meses, impidiendo el recaudo. Las causas son diversas: desconfianza heredada, promesas antiguas incumplidas y tensiones que se arrastran desde la época de las concesiones, cuando nunca se explicaba en qué se gastaba el dinero.

Hoy, la Gobernación ha instalado mesas de trabajo con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las autoridades municipales, buscando acuerdos que permitan normalizar el funcionamiento del peaje. Pero mientras el diálogo avanza lentamente, las pérdidas son gigantescas. Según el IDESAN, el departamento ha dejado de recaudar entre 1.600 y 1.800 millones de pesos en solo días, dinero que estaba destinado a mantenimiento vial.

El gerente del IDESAN, Néstor Augusto Salcedo, lo resume claramente: “El recaudo no es un capricho, es la única forma de mantener las vías en buen estado. Sin recaudo, no hay obras. Y sin obras, se deteriora el territorio que todos dicen defender”.

La fuerza pública: entre la ley y la prudencia

El bloqueo prolongado ha llevado al límite los mecanismos institucionales. La Gobernación ya realizó varios Puestos de Mando Unificado (PMU), notificó a las autoridades nacionales y solicitó acompañamiento de la fuerza pública. Sin embargo, la legislación colombiana exige que las manifestaciones civiles se atiendan primero por la vía del diálogo, con presencia obligatoria de organismos de control.

Cada vez que se planea un operativo para restablecer el orden, surge una nueva mesa de diálogo promovida por la comunidad o por las entidades garantes, lo que obliga a suspender la intervención. El resultado es un limbo operacional que favorece el bloqueo permanente.

Aun así, la consigna es clara, la fuerza pública tendrá que actuar tarde o temprano para garantizar la operación del peaje. No para defender a la Gobernación, sino para proteger un recaudo que pertenece a todos los santandereanos. Cada día sin recaudo es un día sin mantenimiento, un día más de deterioro, un día ganado para quienes durante años monetizaron esta vía sin dejar obras.

El peaje ya no es un botín privado

Lo que está ocurriendo en la Mesa de los Santos es histórico. El departamento está desmontando un modelo que durante décadas permitió la acumulación privada de un recurso público. Hoy, por primera vez, la comunidad puede ver en qué se invierte el dinero y quién está ejecutando las obras. No hay intermediarios, no hay concesiones nebulosas, no hay contratos escondidos.

Que esto incomode no es casualidad. Cuando un territorio recupera su infraestructura, quienes vivían del desgobierno pierden privilegios. La sátira, en este caso, no proviene del lenguaje, sino de la realidad: bastaron seis meses de operación pública para demostrar lo que no se hizo en veinte años de concesiones privadas.

Por eso la administración departamental insiste: el peaje pertenece a Santander, no a familias poderosas ni a empresarios que durante décadas manejaron la carretera como si fuera su finca privada. La diferencia entre antes y ahora está a simple vista.

El peaje de la Mesa de los Santos ya no está en venta. Ahora es público. Y esa es precisamente la noticia que a muchos les duele.